El Colegio Nacional de Abogados conformó 10 mesas técnicas de trabajo para analizar el nuevo Código de Sistema Penal, con el propósito de entregar sus observaciones a la Asamblea Legislativa la próxima semana, para que sobre la base a las mismas pueda elaborarse una nueva norma. A su vez, exige la abrogación del texto cuestionado.
“El aporte de las conclusiones del texto analizado se lo va a remitir a la Asamblea Legislativa, para que tome en cuenta esos defectos de los artículos determinados y establezcan la abrogatoria y la elaboración de un nuevo Código Sistema Penal”, explicó el presidente nacional de la institución, Israel Centellas.
Aseguró que es necesario que el ente colegiado pueda participar de la elaboración de estas normas, puesto que los abogados serán los que manejen y aplique esta normativa en las causas procesales que se tramitan en los juzgados.
Además, pidió a las autoridades de gobierno que los convoque para la redacción de normas futuras, con la finalidad de que se efectivicen leyes acordes a la realidad del país y en consenso con los sectores. Esto evitará que se realicen modificaciones.
ARTÍCULOS OBSERVADOS
Hasta ayer existían 13 artículos del nuevo Código de Sistema Penal observados, por diferentes sectores sociales, profesionales y áreas, como las de los empresarios y congregaciones religiosas.
Los médicos observaron el 205, los transportistas el 137, los periodistas los signados con el 306, 310, 311, los comerciantes no están e acuerdo con los artículo 174 y 175; los ambientalistas con el articulo 101; grupos religiosos con los artículo 88 y 157; activistas y opositores, artículo 293, 294 y 107 microtráfico de droga, donde se reducen las sanciones para los involucrados en estos ilícitos.
Por lo que están solicitando la abrogación total de la ley, porque además se evidenciaron errores de redacción, concepción y formación, en base a esto es necesario que se elabore un nuevo código para evitar faltas doctrinales y dogmáticas.
SIN NOTIFICACIÓN
La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter que el pasado 10 de marzo de 2016 se envió una carta al entonces presidente del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez sobre el tratamiento de la norma cuestionada, los invitaban participar de este debate.
Ante esto Centellas manifestó que Jiménez no dio a conocer la convocatoria, no fue tratada en la reunión de directorio nacional y nunca fue dada a conocer.
“Muchos de los actuales presidentes son nuevos y en cuanto a la convocatoria, el antiguo directorio nunca se ha socializado en una reunión nacional, es más la nota que le dejan al doctor Jiménez lo recepciona él, en puño y letra, entonces no ha socializado con los demás colegios departamentales y nunca entró en debate”, explicó el jurista.
PROTESTAS
Ayer se registraron movilizaciones en al menos ocho departamentos del país: el que tuvo mayor conflicto fue en la ciudad de La Paz, donde se presentaron tres marchas multitudinarias en contra de la nueva ley.
Desde el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés descendió una marcha de estudiantes, docentes y personal administrativos de la institución, por otro lado la marcha del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Central Obrera Boliviana (COB) bajó desde la ciudad de El Alto y la marcha de los productores de coca de los Yungas afiliados a Adepcoca.
Este desencadenó una protesta masiva en contra del Rally Dakar que llegó a la sede de Gobierno al promediar las 16.00 horas, antes de esto, los policías gasificaron a los movilizados para tener el ingreso libre de los competidores.
Mostrando entradas con la etiqueta Colegio de Abogados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Colegio de Abogados. Mostrar todas las entradas
viernes, 12 de enero de 2018
domingo, 7 de enero de 2018
martes, 2 de enero de 2018
Análisis jurídico Código de Sistema Penal genera diversos criterios en juristas
Abogados constitucionalistas y penalistas tienen criterios diferentes, sobre el nuevo Código de Sistema Penal que fue promulgado por el Gobierno el pasado 16 de diciembre, algunos advierten que hay una triple sanción; pero otros señalan que es una continuidad del actual código penal.
El penalista Andrés Zúñiga aseguró que la nueva norma si bien garantiza los derechos de la víctima, está mal redactada por la falta de técnica legislativa, lo cual generó confusiones en la lectura de los artículos observados por los sectores sociales, tal es el caso del 205, que generó el conflicto entre el sector médico y el Gobierno.
Por otra parte el abogado constitucionalista William Bascopé advirtió que el nuevo código es una forma de persecución de libre pensantes, porque considera que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos.
ANÁLISIS PENAL
Uno de los puntos observados es sobre la triple sanción que se presenta en el actual Código de Sistema Penal, el 90 por ciento de los tipos penales que están señalados sugieren la sanción económica, la inhabilitación y la punitiva, es decir la privación de libertad. Por ello es centro de discusión en diversos sectores sociales, porque se vulnera el artículo 117 de la Constitución Política del Estado.
Zúñiga explicó que estas tres sanciones ya estaban señaladas implícitamente en el actual Código Penal, tomando en cuenta que la víctima de un determinado hecho, a la conclusión del proceso podía solicitar el resarcimiento de daños a través de la vía civil.
“Es decir que en cierta manera es un exceso y mala redacción, porque actualmente el Código de Procedimiento Penal permite la reparación del daño, en cuanto hay una sentencia condenatoria, la víctima acude a un juez civil para la reparación del daño causado, en este sistema marca lo mismo”, argumentó.
En el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (Ley No. 1970) establece que “Ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semi-imputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente (…) La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme”.
En el Código Penal vigente, el artículo 34 (Inhabilitación Especial) consiste en: “La pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión públicos (…) la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o nombramiento; la prohibición de ejercer una profesión o actividad, cuyo ejercicio dependa de la autorización o licencia del poder público”.
Si bien en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, instituye que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias, es decir nadie puede ser procesado penalmente dos veces por un mismo hecho.
Por lo tanto, en base a esta explicación no se vulnera el principio jurídico “non bis in ídem”, es decir que no se imponga duplicidad de sanciones por un mismo hecho, ni el articulo anteriormente señalado.
NORMA AMBIGUA
Por su parte el abogado constitucionalista, William Bascopé declaró que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho, el cual está señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), además que no se le da la oportunidad de defenderse.
Remarcó que el nuevo Código de Sistema Penal es inconstitucional porque vulnera las garantías que la norma fundamental otorga a la población, por lo que debe plantear un recurso de inconstitucional y acudir a instancias internacionales.
Por ultimo Zúñiga señaló que existen errores de redacción en la nueva normativa lo cual genera que sea poco entendible y la confusión de términos por parte del legislador a la hora de explicar en qué consiste esta Ley.
Lo recomendable es revisarla y presentar un recurso de inconstitucionalidad ante las instancias judiciales correspondientes para la reforma de la norma y mejorar la redacción. Tomando en cuenta que la mayor parte de los legisladores no son profesionales en derecho lo que dificulta que realice una redacción jurídica entendible.
El penalista Andrés Zúñiga aseguró que la nueva norma si bien garantiza los derechos de la víctima, está mal redactada por la falta de técnica legislativa, lo cual generó confusiones en la lectura de los artículos observados por los sectores sociales, tal es el caso del 205, que generó el conflicto entre el sector médico y el Gobierno.
Por otra parte el abogado constitucionalista William Bascopé advirtió que el nuevo código es una forma de persecución de libre pensantes, porque considera que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos.
ANÁLISIS PENAL
Uno de los puntos observados es sobre la triple sanción que se presenta en el actual Código de Sistema Penal, el 90 por ciento de los tipos penales que están señalados sugieren la sanción económica, la inhabilitación y la punitiva, es decir la privación de libertad. Por ello es centro de discusión en diversos sectores sociales, porque se vulnera el artículo 117 de la Constitución Política del Estado.
Zúñiga explicó que estas tres sanciones ya estaban señaladas implícitamente en el actual Código Penal, tomando en cuenta que la víctima de un determinado hecho, a la conclusión del proceso podía solicitar el resarcimiento de daños a través de la vía civil.
“Es decir que en cierta manera es un exceso y mala redacción, porque actualmente el Código de Procedimiento Penal permite la reparación del daño, en cuanto hay una sentencia condenatoria, la víctima acude a un juez civil para la reparación del daño causado, en este sistema marca lo mismo”, argumentó.
En el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (Ley No. 1970) establece que “Ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semi-imputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente (…) La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme”.
En el Código Penal vigente, el artículo 34 (Inhabilitación Especial) consiste en: “La pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión públicos (…) la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o nombramiento; la prohibición de ejercer una profesión o actividad, cuyo ejercicio dependa de la autorización o licencia del poder público”.
Si bien en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, instituye que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias, es decir nadie puede ser procesado penalmente dos veces por un mismo hecho.
Por lo tanto, en base a esta explicación no se vulnera el principio jurídico “non bis in ídem”, es decir que no se imponga duplicidad de sanciones por un mismo hecho, ni el articulo anteriormente señalado.
NORMA AMBIGUA
Por su parte el abogado constitucionalista, William Bascopé declaró que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho, el cual está señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), además que no se le da la oportunidad de defenderse.
Remarcó que el nuevo Código de Sistema Penal es inconstitucional porque vulnera las garantías que la norma fundamental otorga a la población, por lo que debe plantear un recurso de inconstitucional y acudir a instancias internacionales.
Por ultimo Zúñiga señaló que existen errores de redacción en la nueva normativa lo cual genera que sea poco entendible y la confusión de términos por parte del legislador a la hora de explicar en qué consiste esta Ley.
Lo recomendable es revisarla y presentar un recurso de inconstitucionalidad ante las instancias judiciales correspondientes para la reforma de la norma y mejorar la redacción. Tomando en cuenta que la mayor parte de los legisladores no son profesionales en derecho lo que dificulta que realice una redacción jurídica entendible.
jueves, 18 de mayo de 2017
Conalab observa cambios en nueva Ley de Abogacía
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) tiene previsto enviar al menos 40 observaciones al proyecto de modificación de la Ley 387, Ley de la Abogacía e insisten en que la matriculación para el ejercicio de la abogacía siga siendo opcional entre el Ministerio de Justicia y los colegios de abogados y rechazan la facultad que tendrá el Ministerio de Justicia de cancelar el registro y la matriculación a simple denuncia sin previo proceso.
La presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Salame informó que en febrero enviaron sus observaciones pero a la fecha no recibieron ninguna respuesta y como CONALAB, nuevamente remitirán su propuesta.
Salame dijo que en las modificaciones de la Ley de la Abogacía, el registro y matriculación de los juristas está concentrado en el Ministerio de Justicia y retiraron la opción de que podría hacerse también en los colegios de abogados.
El proyecto de Ley establece que el Ministerio de Justicia tendrá facultades para cancelar el registro y la matrícula del abogado a simple denuncia sin un proceso previo y despojarle de su título lo cual vulnera todo principio de derecho.
Asimismo, pretenden imponer sanciones hasta de diez salarios mínimos por ausencia en la audiencia que no será cubierta por los abogados sino por el litigante.
“Pretenden liquidar a los colegios de profesionales, primero hicieron con los abogados y ahora siguen con otros colegios”, advirtió Salame.
La presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Salame informó que en febrero enviaron sus observaciones pero a la fecha no recibieron ninguna respuesta y como CONALAB, nuevamente remitirán su propuesta.
Salame dijo que en las modificaciones de la Ley de la Abogacía, el registro y matriculación de los juristas está concentrado en el Ministerio de Justicia y retiraron la opción de que podría hacerse también en los colegios de abogados.
El proyecto de Ley establece que el Ministerio de Justicia tendrá facultades para cancelar el registro y la matrícula del abogado a simple denuncia sin un proceso previo y despojarle de su título lo cual vulnera todo principio de derecho.
Asimismo, pretenden imponer sanciones hasta de diez salarios mínimos por ausencia en la audiencia que no será cubierta por los abogados sino por el litigante.
“Pretenden liquidar a los colegios de profesionales, primero hicieron con los abogados y ahora siguen con otros colegios”, advirtió Salame.
jueves, 11 de mayo de 2017
Cochabamba COLEGIO DE ABOGADOS TIENE NUEVA DIRECTIVA
El Colegio de Abogados de Cochabamba posesionó a su nueva directiva para la gestión 2017-2019. Para la ocasión, se organizó una ceremonia en su auditorio principal de la avenida Heroínas. Los asistentes compartieron un vino de honor. Los flamantes representantes del ente colegiado reafirmaron su compromiso de servicio a la sociedad.
domingo, 7 de mayo de 2017
700 de 11.000 colegiados eligieron directiva de Abogados
Con 700 votos de los más de 11.000 miembros que tiene registrados el Colegio de Abogado de La Paz, se eligió la nueva directiva que también asumirá la representación a nivel nacional, según informó el flamante presidente Israel Hugo Centellas Vargas, quien sustituirá a Raúl Jiménez en el cargo.
Centellas, que según su tarjeta de presentación también es director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad privada Franz Tamayo, fue electo en los comicios que se desarrollaron el jueves en las instalaciones del Colegio de Abogados, donde se enfrentaron a otros cuatro frentes.
El representante, junto a su nueva directiva, afirmó sentirse agradecido y comprometido al frente de la institución que cumple 124 años de vida, constituyéndose en el primer colegio de abogados a nivel latinoamericano, según expresó
En dicho acto electoral, emitieron su voto más de 2.000 colegiados, pero quienes eligieron a Centellas, representante del frente “Defensa y Dignidad del Abogado”, fueron más de 700 votos.
“No nos vamos a olvidar de nuestra sociedad, dentro de nuestro plan de gobierno hemos planteado poder crear una plataforma de servicios jurídicos de precios accesibles para personas de escasos recursos económicos. Hemos planteado crear la defensoría del abogado para respaldar a los colegas”, afirmó Centellas en conferencia de prensa.
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Otro anuncio que realizó Centellas es la postura crítica ante la posible emisión de nuevas normativas que vulneren los derechos del sector, haciendo alusión a la nueva convocatoria para la elección de nuevos magistrados anunciado desde el Gobierno de MAS.
“Vamos a ser críticos frente a cualquier norma que salga contra el colega abogado. Pero estado será a partir de un análisis que hagamos con base al criterio de especialistas para tener un criterio institucional”, afirmó.
Sobre el tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ha desahuciado cualquier coordinación con el Colegio de Abogados de Bolivia, afirmó que estos tienen un conflicto de intereses, pues ellos no pueden elegir a los magistrados contra quienes van a litigar en el futuro.
Por otro lado, Centellas también confirmó que según los reglamentos, este año le toca a La Paz estar al frente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, cargo que también era ocupado por Jiménez, pero que será relevado una vez se acredite como ganadores de estos comicios.
Centellas, quien ocupará el cargo junto a sus vicepresidentes, Oscar Rodrigo Rodríguez y Gonzalo Uscamayta Salazar, también anunció realizar una nueva acreditación con el fin de lograr actualizar las direcciones y datos personales de los abogados, quienes aportan de forma voluntaria, 20 bolivianos mensuales, para el funcionamiento de esta instancia.
Centellas, que según su tarjeta de presentación también es director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad privada Franz Tamayo, fue electo en los comicios que se desarrollaron el jueves en las instalaciones del Colegio de Abogados, donde se enfrentaron a otros cuatro frentes.
El representante, junto a su nueva directiva, afirmó sentirse agradecido y comprometido al frente de la institución que cumple 124 años de vida, constituyéndose en el primer colegio de abogados a nivel latinoamericano, según expresó
En dicho acto electoral, emitieron su voto más de 2.000 colegiados, pero quienes eligieron a Centellas, representante del frente “Defensa y Dignidad del Abogado”, fueron más de 700 votos.
“No nos vamos a olvidar de nuestra sociedad, dentro de nuestro plan de gobierno hemos planteado poder crear una plataforma de servicios jurídicos de precios accesibles para personas de escasos recursos económicos. Hemos planteado crear la defensoría del abogado para respaldar a los colegas”, afirmó Centellas en conferencia de prensa.
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Otro anuncio que realizó Centellas es la postura crítica ante la posible emisión de nuevas normativas que vulneren los derechos del sector, haciendo alusión a la nueva convocatoria para la elección de nuevos magistrados anunciado desde el Gobierno de MAS.
“Vamos a ser críticos frente a cualquier norma que salga contra el colega abogado. Pero estado será a partir de un análisis que hagamos con base al criterio de especialistas para tener un criterio institucional”, afirmó.
Sobre el tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ha desahuciado cualquier coordinación con el Colegio de Abogados de Bolivia, afirmó que estos tienen un conflicto de intereses, pues ellos no pueden elegir a los magistrados contra quienes van a litigar en el futuro.
Por otro lado, Centellas también confirmó que según los reglamentos, este año le toca a La Paz estar al frente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, cargo que también era ocupado por Jiménez, pero que será relevado una vez se acredite como ganadores de estos comicios.
Centellas, quien ocupará el cargo junto a sus vicepresidentes, Oscar Rodrigo Rodríguez y Gonzalo Uscamayta Salazar, también anunció realizar una nueva acreditación con el fin de lograr actualizar las direcciones y datos personales de los abogados, quienes aportan de forma voluntaria, 20 bolivianos mensuales, para el funcionamiento de esta instancia.
viernes, 28 de abril de 2017
Colegio de Abogados de Bolivia Ilegalidad en modificaciones a tres leyes en Asamblea Legislativa
Una vez que se promulgue el proyecto de ley de modificación a las leyes 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 026 del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo, el Colegio Nacional de Abogados presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, informó el vicepresidente de la entidad, Marcelo Arrázola.
El argumento de los juristas es que esos cambios no obedecen a la Carta Magna, además que fueron excluidos para el trabajo de selección de los aspirantes a ser candidatos al Órgano Judicial.
“Se va a esperar la promulgación del proyecto de ley, cabe la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y contra la Ley 387 (de Ejercicio de la Abogacía), debido a que existen irregularidades y las entidades que están enmarcadas en este ámbito no son participes del mismo”, remarcó.
El Senado sancionó el proyecto de ley de modificación de tres normas para la selección de autoridades judiciales. Propone ajustes al número de magistrados del Tribunal Agroambiental de 7 a 5 y del Consejo de la Magistratura de 7 a 3 componentes; además del número de magistrados del Tribunal Constitucional, que se incrementará de 7 a 9 y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el número de magistrados continuará siendo de 9.
OBSERVACIONES
El ente colegiado realizó varias observaciones a este proceso, el primero es que las entidades de juristas no son parte de este proceso de selección a altas autoridades del Órgano Judicial, lo que no puede garantizar que los electos sean los mejores hombres y mujeres en Derecho.
“Los que tienen que ver con el sistema judicial debimos participar activamente en el proceso, donde se respete la competencia, idoneidad y transparencia de los candidatos y que se permita a la sociedad civil participar”, destacó Arrázola.
SIN CRITERIO TÉCNICO
La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, sostuvo que las modificaciones a la 025 y 027 se hizo sin criterio técnico alguno.
Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional debe contar con 10 magistrados, para que se conformen 3 salas con 3 autoridades a la cabeza del presidente.
“Es insostenible que se conformen 4 salas de 2 autoridades, la sala tiene que tener 3 magistrados para que exista un equilibrio, deben ser 10 consejeros para que se conformen tres salas de tres y una en el presidente”, explicó.
En el Tribunal Supremo de Justicia, el proyecto de ley establece que esté conformado por nueve magistrados, uno por distrito judicial.
“Esta instancia debe estar conformada por 18 autoridades, porque en este momento la carga procesal está con los abogados asistentes y el personal de apoyo”, puntualizó Salame.
Sobre la reducción de cinco a tres magistrados en el Consejo de la Magistratura, Salame dijo que se quita las atribuciones del manejo de los recursos financieros.
“En el Consejo de la Magistratura se cometió un gravísimo error de quitar las facultad financiera administrativa, tomando en cuenta que la creación era el manejo de los recursos económicos; lo que debe hacerse es reponer la facultad financiera”, mencionó.
En el caso del Tribunal Agroambiental se debió mantener el número de magistrados, porque solo tuvo una función agraria, no hizo ninguna acción agroambiental, debido a la inexistencia de una norma que permita la forma en que se debe proceder.
UNIVERSIDADES
Por último, Salame manifestó que “no se descalifica la participación de la universidad, pero tampoco quiere decir que se garantizan estas elecciones, debido a que la universidad vive del Gobierno, su presupuesto lo aprueba el Estado y es de conocimiento público que muchas universidades tienen tintes políticos”.
El argumento de los juristas es que esos cambios no obedecen a la Carta Magna, además que fueron excluidos para el trabajo de selección de los aspirantes a ser candidatos al Órgano Judicial.
“Se va a esperar la promulgación del proyecto de ley, cabe la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y contra la Ley 387 (de Ejercicio de la Abogacía), debido a que existen irregularidades y las entidades que están enmarcadas en este ámbito no son participes del mismo”, remarcó.
El Senado sancionó el proyecto de ley de modificación de tres normas para la selección de autoridades judiciales. Propone ajustes al número de magistrados del Tribunal Agroambiental de 7 a 5 y del Consejo de la Magistratura de 7 a 3 componentes; además del número de magistrados del Tribunal Constitucional, que se incrementará de 7 a 9 y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el número de magistrados continuará siendo de 9.
OBSERVACIONES
El ente colegiado realizó varias observaciones a este proceso, el primero es que las entidades de juristas no son parte de este proceso de selección a altas autoridades del Órgano Judicial, lo que no puede garantizar que los electos sean los mejores hombres y mujeres en Derecho.
“Los que tienen que ver con el sistema judicial debimos participar activamente en el proceso, donde se respete la competencia, idoneidad y transparencia de los candidatos y que se permita a la sociedad civil participar”, destacó Arrázola.
SIN CRITERIO TÉCNICO
La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, sostuvo que las modificaciones a la 025 y 027 se hizo sin criterio técnico alguno.
Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional debe contar con 10 magistrados, para que se conformen 3 salas con 3 autoridades a la cabeza del presidente.
“Es insostenible que se conformen 4 salas de 2 autoridades, la sala tiene que tener 3 magistrados para que exista un equilibrio, deben ser 10 consejeros para que se conformen tres salas de tres y una en el presidente”, explicó.
En el Tribunal Supremo de Justicia, el proyecto de ley establece que esté conformado por nueve magistrados, uno por distrito judicial.
“Esta instancia debe estar conformada por 18 autoridades, porque en este momento la carga procesal está con los abogados asistentes y el personal de apoyo”, puntualizó Salame.
Sobre la reducción de cinco a tres magistrados en el Consejo de la Magistratura, Salame dijo que se quita las atribuciones del manejo de los recursos financieros.
“En el Consejo de la Magistratura se cometió un gravísimo error de quitar las facultad financiera administrativa, tomando en cuenta que la creación era el manejo de los recursos económicos; lo que debe hacerse es reponer la facultad financiera”, mencionó.
En el caso del Tribunal Agroambiental se debió mantener el número de magistrados, porque solo tuvo una función agraria, no hizo ninguna acción agroambiental, debido a la inexistencia de una norma que permita la forma en que se debe proceder.
UNIVERSIDADES
Por último, Salame manifestó que “no se descalifica la participación de la universidad, pero tampoco quiere decir que se garantizan estas elecciones, debido a que la universidad vive del Gobierno, su presupuesto lo aprueba el Estado y es de conocimiento público que muchas universidades tienen tintes políticos”.
miércoles, 26 de abril de 2017
Elecciones en sistema judicial Colegio de Abogados pide ser parte en selección de postulantes
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) debe ser parte del trabajo de preselección de los postulantes para autoridades del Órgano Judicial, toda vez que esta entidad es la que directamente controla y conoce la actividad de los juristas, afirmó a EL DIARIO el presidente de la entidad, Raúl Jiménez.
Otra instancia que también debe participar en este hecho es la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, agregó.
“Lo que nos sorprende es que no se haya tomado en cuenta al Colegio de Abogados, para la conformación de esta comisión. Hay que incluir a esta institución en el control de la actividad de los juristas. Por lo tanto, es imprescindible que el Colegio de Abogados participe en esta comisión”, destacó Jiménez.
El ente colegiado hizo llegar una propuesta al Ministerio de Justicia, después del desarrollo de la Cumbre de Justicia, que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre, en junio de 2016, planteando que la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial debe ser sobre la base de los méritos, para cuyo efecto tendría que conformarse una comisión de hombres y mujeres notables en derecho, quienes se encarguen de la evaluación de los postulantes.
ACADEMIA
Jiménez destacó también la presencia de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, instancia que, a decir del Presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, esta instancia es la que debe encargarse de la selección de tales autoridades, puesto que están “los más notables hombres y mujeres de Derecho” y no fueron tomados en cuenta, para que sean parte de la comisión evaluadora de los postulantes a estos cargos. La Academia Nacional de Ciencias Jurídicas está bajo la dirección de Ramiro Moreno Valdivieso.
“Existe otra institución, que también debe participar del proceso de selección, es la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, que está constituida por los más destacados juristas, pero no fueron tomados en cuenta. Incluso estos deberían elegir a las nuevas autoridades de justicia, porque son los más calificados para este proceso”, precisó.
FRACASO
En 2011 se llevaron a cabo las elecciones para la elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, donde la población eligió a las nuevas autoridades de justicia; sin embargo, las autoridades del Gobierno reconocieron que hubo mala selección de candidatos en la Asamblea Legislativa.
Jiménez recordó que en las elecciones pasadas, la población no conocía a los candidatos, incluso algunos fueron apoyados por ciertas organizaciones políticas y sociales. Para evitar este hecho, la Asamblea Legislativa optó por la conformación de una comisión de asambleístas, la que evaluará a los postulantes, tomando en cuenta sus méritos.
En esta comisión estarán presentes 8 representantes del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia, quienes estarán en el proceso de evaluación y en la entrevista, además de que elaborarán el banco de preguntas para la prueba escrita, indicó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
Con relación a esto, Jiménez manifestó que se entregó una propuesta donde se plantea la creación de una comisión de representantes del Colegio de Abogados y otras instancias que conozcan de leyes, la cual debía ser totalmente independiente de la Asamblea Legislativa; sin embargo, esto no fue tomado en cuenta.
EXCLUÍDOS
El ministro de Justicia, Héctor Arce, indicó que el Colegio Nacional de Abogados fue excluido de la comisión de preselección de autoridades judiciales porque mostraron un “perfil político” y lo que se quiere es evitar cualquier actividad o injerencia política en este proceso.
“Así como nosotros no queremos una actividad política, una injerencia política de organizaciones sociales que puedan tener una visión de tal índole tampoco queremos, como que otro tipo de sectores pueda tener incidencia”, remarcó Arce.
En cambio, aseguró que la presencia del Sistema Universitario de Bolivia es fundamental, porque es “templo de conocimiento de la ciencia jurídica”; por tanto, serán sus ochos profesionales quienes se encarguen de las dos primeras etapas del proceso.
Ante esto, Jiménez negó que el ente colegiado tenga un perfil político, lo cual tampoco es pretexto para que lo hayan dejado fuera de la elección de autoridades.
PUNTUACIÓN
Sobre el sistema de puntuación para preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial, Jiménez manifestó que la calificación no determinará que se elijan a los mejores postulantes. Las nuevas autoridades deben tener una excelente formación académica, la cual debe estar acompañada también por una buena formación moral y ética personal.
“En primer lugar, al ser humano no se califica por conducta, tiene que ser un profesional con sensibilidad humana, sensibilidad social, con conocimientos profundos en derecho. De qué nos sirve formar un abogado con buenos antecedentes académicos, si no tiene una buena formación moral”, destacó.
Según el reglamento, los postulantes serán evaluados sobre la base de la propuesta del sistema universitario, donde la puntuación mínima es de 56 sobre 100 puntos. Se tomará en cuenta que el desarrollo curricular sea de 40 puntos, la evaluación de 30 puntos y la entrevista 30 puntos.
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD
En tanto, el secretario ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad de Bolivia (CEUB), Gustavo Rojas, señaló ayer que la Ley 898 determina la participación del sistema universitario en la Comisión Nacional de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia.
“La Comisión Nacional nos ha encomendado al Sistema de la Universidad para que pueda hacerse cargo de los dos primeros procesos: de la preselección de los postulantes, mediante un concurso de méritos. La segunda fase, la toma de examen de conocimiento, hemos aceptado lógicamente como universidad”, indicó.
REUNIÓN DEL CONALAB
- Representantes del Colegio de Abogados de los nueve departamentos del país se reunirán mañana, jueves 27 de abril, en la ciudad de La Paz, donde se tocarán varios puntos, entre estos una posición institucional con relación a las declaraciones del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien señaló que esta entidad fue excluida para la preselección de candidatos a magistrados, porque mostraron un perfil político, lo cual puede contaminar la elección de los postulantes.
Otra instancia que también debe participar en este hecho es la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, agregó.
“Lo que nos sorprende es que no se haya tomado en cuenta al Colegio de Abogados, para la conformación de esta comisión. Hay que incluir a esta institución en el control de la actividad de los juristas. Por lo tanto, es imprescindible que el Colegio de Abogados participe en esta comisión”, destacó Jiménez.
El ente colegiado hizo llegar una propuesta al Ministerio de Justicia, después del desarrollo de la Cumbre de Justicia, que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre, en junio de 2016, planteando que la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial debe ser sobre la base de los méritos, para cuyo efecto tendría que conformarse una comisión de hombres y mujeres notables en derecho, quienes se encarguen de la evaluación de los postulantes.
ACADEMIA
Jiménez destacó también la presencia de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, instancia que, a decir del Presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, esta instancia es la que debe encargarse de la selección de tales autoridades, puesto que están “los más notables hombres y mujeres de Derecho” y no fueron tomados en cuenta, para que sean parte de la comisión evaluadora de los postulantes a estos cargos. La Academia Nacional de Ciencias Jurídicas está bajo la dirección de Ramiro Moreno Valdivieso.
“Existe otra institución, que también debe participar del proceso de selección, es la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, que está constituida por los más destacados juristas, pero no fueron tomados en cuenta. Incluso estos deberían elegir a las nuevas autoridades de justicia, porque son los más calificados para este proceso”, precisó.
FRACASO
En 2011 se llevaron a cabo las elecciones para la elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, donde la población eligió a las nuevas autoridades de justicia; sin embargo, las autoridades del Gobierno reconocieron que hubo mala selección de candidatos en la Asamblea Legislativa.
Jiménez recordó que en las elecciones pasadas, la población no conocía a los candidatos, incluso algunos fueron apoyados por ciertas organizaciones políticas y sociales. Para evitar este hecho, la Asamblea Legislativa optó por la conformación de una comisión de asambleístas, la que evaluará a los postulantes, tomando en cuenta sus méritos.
En esta comisión estarán presentes 8 representantes del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia, quienes estarán en el proceso de evaluación y en la entrevista, además de que elaborarán el banco de preguntas para la prueba escrita, indicó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
Con relación a esto, Jiménez manifestó que se entregó una propuesta donde se plantea la creación de una comisión de representantes del Colegio de Abogados y otras instancias que conozcan de leyes, la cual debía ser totalmente independiente de la Asamblea Legislativa; sin embargo, esto no fue tomado en cuenta.
EXCLUÍDOS
El ministro de Justicia, Héctor Arce, indicó que el Colegio Nacional de Abogados fue excluido de la comisión de preselección de autoridades judiciales porque mostraron un “perfil político” y lo que se quiere es evitar cualquier actividad o injerencia política en este proceso.
“Así como nosotros no queremos una actividad política, una injerencia política de organizaciones sociales que puedan tener una visión de tal índole tampoco queremos, como que otro tipo de sectores pueda tener incidencia”, remarcó Arce.
En cambio, aseguró que la presencia del Sistema Universitario de Bolivia es fundamental, porque es “templo de conocimiento de la ciencia jurídica”; por tanto, serán sus ochos profesionales quienes se encarguen de las dos primeras etapas del proceso.
Ante esto, Jiménez negó que el ente colegiado tenga un perfil político, lo cual tampoco es pretexto para que lo hayan dejado fuera de la elección de autoridades.
PUNTUACIÓN
Sobre el sistema de puntuación para preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial, Jiménez manifestó que la calificación no determinará que se elijan a los mejores postulantes. Las nuevas autoridades deben tener una excelente formación académica, la cual debe estar acompañada también por una buena formación moral y ética personal.
“En primer lugar, al ser humano no se califica por conducta, tiene que ser un profesional con sensibilidad humana, sensibilidad social, con conocimientos profundos en derecho. De qué nos sirve formar un abogado con buenos antecedentes académicos, si no tiene una buena formación moral”, destacó.
Según el reglamento, los postulantes serán evaluados sobre la base de la propuesta del sistema universitario, donde la puntuación mínima es de 56 sobre 100 puntos. Se tomará en cuenta que el desarrollo curricular sea de 40 puntos, la evaluación de 30 puntos y la entrevista 30 puntos.
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD
En tanto, el secretario ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad de Bolivia (CEUB), Gustavo Rojas, señaló ayer que la Ley 898 determina la participación del sistema universitario en la Comisión Nacional de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia.
“La Comisión Nacional nos ha encomendado al Sistema de la Universidad para que pueda hacerse cargo de los dos primeros procesos: de la preselección de los postulantes, mediante un concurso de méritos. La segunda fase, la toma de examen de conocimiento, hemos aceptado lógicamente como universidad”, indicó.
REUNIÓN DEL CONALAB
- Representantes del Colegio de Abogados de los nueve departamentos del país se reunirán mañana, jueves 27 de abril, en la ciudad de La Paz, donde se tocarán varios puntos, entre estos una posición institucional con relación a las declaraciones del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien señaló que esta entidad fue excluida para la preselección de candidatos a magistrados, porque mostraron un perfil político, lo cual puede contaminar la elección de los postulantes.
sábado, 18 de marzo de 2017
Video Abogados ven fallas en la sentencia a Leopoldo
"No tenemos antecedentes en nuestro sistema judicial de que no se considere a la detención domiciliaria como cómputo para el cumplimiento de una sentencia", dice Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, respecto a los 15 años de prisión que se determinaron en el caso El Porvenir, en contra del exprefecto Leopoldo Fernández.
Te invitamos a ver el análisis que hace este profesional, quien califica este y otros procesos como una "judicialización de la política". ¡Dale play!
lunes, 6 de marzo de 2017
Colegio de Abogados elegirá nueva directiva
El actual presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó de la convocatoria a asamblea departamental para mañana, martes, en la cual se conformará un comité electoral para que lleve adelante la elección de un nuevo representante que también lo reemplazará en la dirección nacional.
En comunicación con EL DIARIO, Jiménez aseguró que ya está “de salida” en la presidencia de ambas instituciones colegiadas y confirmó que su cargo solo está vigente hasta el 15 abril, cuando otros miembros del Colegio de Abogados de La Paz lo sustituyan luego de dos años de gestión.
Por otro lado, según los estatutos del Colegio de Abogados de Bolivia (CAB), la presidencia es asumida de forma rotatoria por los nueve presidentes departamentales por lo que no se necesita de una elección como en los colegios departamentales y en el caso de La Paz, debe renovarse tras dos años de gestión de Jiménez.
“La asamblea está convocada para este martes 7 de marzo en el auditorio del Colegio de Abogados donde se debe conformar un comité electoral que se hará cargo de convocar y llevar adelante una elección (…) Lo que estamos pidiendo, es la participación de todos nuestros afiliados debido que por unos cuantos nuestra imagen esta por los suelos y lo que debemos hacer, es lavar la imagen de nuestra profesión”, aseguró Jiménez.
En febrero, el ministro de Justicia, Héctor Arce, llamó la atención al CAB debido a que Jiménez había presentado una urna que aseguró estaba llena de documentación en contra de presuntos consorcios de abogados que incurrían en corrupción de procesos judiciales, pero Arce reveló que dicha urna solo contenía basura por que pidió más seriedad.
Sin embargo, ayer en Radio Panamericana, Jiménez insistió en que tenía “saquillos de denuncias”, pero como en otras oportunidades se negó a dar nombres o el tiempo preciso en el que se presentarán dichas denuncias ante la Fiscalía.
FALSOS ABOGADOS
Sobre estas denuncias, Jiménez aseguró que se identificaron a tres abogados que ejercen sus funciones en dos ministros y el Comando de la Policía Boliviana con títulos falsos.
“Lamentamos que estos (abogados hayan) sacado sus títulos con certificados falsificados. En este momento yo tengo tres (casos) de ciertos abogados y abogadas que están ejerciendo funciones públicas, una en el Comando General de la Policía Boliviana y otros en dos ministerios”, afirmó.
Jiménez no quiso revelar los nombres de los supuestos falsos abogados y tampoco especificó en qué ministros dos de ellos estarían actualmente trabajando.
Sobre la abogada que trabaja en el Comando de la Policía, el Comandante de nacional, el general Abel de la Barra, aseguró que se está investigando la denuncia y hoy lunes se dará un informe detallado.
En comunicación con EL DIARIO, Jiménez aseguró que ya está “de salida” en la presidencia de ambas instituciones colegiadas y confirmó que su cargo solo está vigente hasta el 15 abril, cuando otros miembros del Colegio de Abogados de La Paz lo sustituyan luego de dos años de gestión.
Por otro lado, según los estatutos del Colegio de Abogados de Bolivia (CAB), la presidencia es asumida de forma rotatoria por los nueve presidentes departamentales por lo que no se necesita de una elección como en los colegios departamentales y en el caso de La Paz, debe renovarse tras dos años de gestión de Jiménez.
“La asamblea está convocada para este martes 7 de marzo en el auditorio del Colegio de Abogados donde se debe conformar un comité electoral que se hará cargo de convocar y llevar adelante una elección (…) Lo que estamos pidiendo, es la participación de todos nuestros afiliados debido que por unos cuantos nuestra imagen esta por los suelos y lo que debemos hacer, es lavar la imagen de nuestra profesión”, aseguró Jiménez.
En febrero, el ministro de Justicia, Héctor Arce, llamó la atención al CAB debido a que Jiménez había presentado una urna que aseguró estaba llena de documentación en contra de presuntos consorcios de abogados que incurrían en corrupción de procesos judiciales, pero Arce reveló que dicha urna solo contenía basura por que pidió más seriedad.
Sin embargo, ayer en Radio Panamericana, Jiménez insistió en que tenía “saquillos de denuncias”, pero como en otras oportunidades se negó a dar nombres o el tiempo preciso en el que se presentarán dichas denuncias ante la Fiscalía.
FALSOS ABOGADOS
Sobre estas denuncias, Jiménez aseguró que se identificaron a tres abogados que ejercen sus funciones en dos ministros y el Comando de la Policía Boliviana con títulos falsos.
“Lamentamos que estos (abogados hayan) sacado sus títulos con certificados falsificados. En este momento yo tengo tres (casos) de ciertos abogados y abogadas que están ejerciendo funciones públicas, una en el Comando General de la Policía Boliviana y otros en dos ministerios”, afirmó.
Jiménez no quiso revelar los nombres de los supuestos falsos abogados y tampoco especificó en qué ministros dos de ellos estarían actualmente trabajando.
Sobre la abogada que trabaja en el Comando de la Policía, el Comandante de nacional, el general Abel de la Barra, aseguró que se está investigando la denuncia y hoy lunes se dará un informe detallado.
miércoles, 4 de enero de 2017
Colegio de Abogados de Oruro no apoya repostulación de Evo
Tras el anuncio de directivos de algunos entes colegiados de profesionales abogados, como es el del departamento de La Paz, quienes manifestaron mediante su apoyo directo a la repostulación del Presidente Evo Morales el año 2019; el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro, expresó, que los entes que reúnen a los profesionales en abogacía, no deben por ética profesional, realizar ninguna clase de apoyo político.
Esta posición asumida por los profesionales orureños, ha sido repetida en diversas ocasiones, e inclusive la gestión pasada impulsó una marcha en contra de algunas actitudes del Gobierno central, respecto al encarcelamiento del abogado Eduardo León, defensor en el caso Zapata.
"En realidad nosotros como institución colegiada, no podemos realizar apoyos de orden político, ya en varias ocasiones hemos manifestado este aspecto, ahora lo que está pasando con el criterio del Colegio de Abogados de La Paz, no sabemos si es un apoyo político o uno técnico, pero si lo que nosotros estamos plenamente seguros hablando técnicamente y jurídicamente la Constitución Política del Estado solo permite una nueva posibilidad de reelección, a través de una Asamblea Constituyente", indicó el presidente del Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro, Saúl Fuentes.
Dijo además que esta única salida técnica jurídica, en base a lo redactado en la Carta Magna, es la activación de la Asamblea Constituyente, mediante la voluntad popular, por más del 20 por ciento del padrón electoral; sin embargo aún no se puede hablar de legalidad de las cuatro vías para la reelección planteadas por los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que aún no existe un planteamiento oficial para repostular al primer mandatario del país.
"Los Colegios de Abogados, tenemos la obligación de velar por la legalidad y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, y en el sentido que marca este documento, se debe respetar; cualquier posición de los demás entes colegiados no le quitan legalidad a la profesión ya que deben ser planteamientos de índole personal, en torno a cualquier apoyo político, mientras nosotros continuaremos en la tarea de vigilar y precautelar nuestras leyes", agregó Fuentes.
Esta posición asumida por los profesionales orureños, ha sido repetida en diversas ocasiones, e inclusive la gestión pasada impulsó una marcha en contra de algunas actitudes del Gobierno central, respecto al encarcelamiento del abogado Eduardo León, defensor en el caso Zapata.
"En realidad nosotros como institución colegiada, no podemos realizar apoyos de orden político, ya en varias ocasiones hemos manifestado este aspecto, ahora lo que está pasando con el criterio del Colegio de Abogados de La Paz, no sabemos si es un apoyo político o uno técnico, pero si lo que nosotros estamos plenamente seguros hablando técnicamente y jurídicamente la Constitución Política del Estado solo permite una nueva posibilidad de reelección, a través de una Asamblea Constituyente", indicó el presidente del Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro, Saúl Fuentes.
Dijo además que esta única salida técnica jurídica, en base a lo redactado en la Carta Magna, es la activación de la Asamblea Constituyente, mediante la voluntad popular, por más del 20 por ciento del padrón electoral; sin embargo aún no se puede hablar de legalidad de las cuatro vías para la reelección planteadas por los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que aún no existe un planteamiento oficial para repostular al primer mandatario del país.
"Los Colegios de Abogados, tenemos la obligación de velar por la legalidad y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, y en el sentido que marca este documento, se debe respetar; cualquier posición de los demás entes colegiados no le quitan legalidad a la profesión ya que deben ser planteamientos de índole personal, en torno a cualquier apoyo político, mientras nosotros continuaremos en la tarea de vigilar y precautelar nuestras leyes", agregó Fuentes.
domingo, 1 de enero de 2017
Chuquisaca Colegio de Abogados registra 40 denuncias
La presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, informó que durante la gestión 2016, dicha entidad recibió 40 denuncias en contra de juristas afiliados y otros que no están registrados en esa institución, quienes infringieron la Ley de la Abogacía.
"El Colegio de Abogados de Chuquisaca está empeñado en cero corrupción, este año recibimos 40 denuncias de la población, tres fueron enviadas a consideración del Tribunal de Honor, que es la máxima instancia disciplinaria para juzgar a los afiliados por infracciones a la Ley de la Abogacía", señaló.
Detalles. Salame explicó que de los tres casos remitidos al Tribunal de Honor, dos fueron enviados al Ministerio de Justicia, ninguno de ellos se trata de afiliados a ese ente colegiado.
"El Colegio de Abogados de Chuquisaca está empeñado en cero corrupción, este año recibimos 40 denuncias de la población, tres fueron enviadas a consideración del Tribunal de Honor, que es la máxima instancia disciplinaria para juzgar a los afiliados por infracciones a la Ley de la Abogacía", señaló.
Detalles. Salame explicó que de los tres casos remitidos al Tribunal de Honor, dos fueron enviados al Ministerio de Justicia, ninguno de ellos se trata de afiliados a ese ente colegiado.
martes, 1 de noviembre de 2016
APOYO Abogados & Consultores se expande
ESTA FIRMA DE ABOGADOS EN COCHABAMBA | PRETENDE EXPANDIR SUS SERVICIOS PARA BRINDAR ASESORAMIENTO A BOLIVIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
OH!: ¿Cómo surge APOYO Abogados & Consultores?
Surge en respuesta a la necesidad que demandaba en ese momento el mercado de una oficina jurídica dedicada a la oferta de servicios legales distintos a los tradicionales. En APOYO, desde su fundación, nos hemos dedicado a la creación de sociedades, saneamiento de empresas, adecuación de las empresas a las nuevas normas vigentes en Bolivia y otras áreas relacionadas al derecho corporativo o empresarial como se lo conoce. Asimismo, tenemos amplio conocimiento en el tema de empresas familiares. Otro campo en el que desarrollamos nuestra actividad profesional es el inmobiliario, debido a la amplia experiencia en asesoramiento para la compraventa de bienes raíces, el saneamiento de inmuebles y aspectos vinculados a bienes raíces en general. Asesoramos también a varias empresas constructoras que vienen desarrollando la ejecución de proyectos inmobiliarios en el país. Si bien el campo de acción parece reducido, éste se amplía porque cada rama del Derecho tiene varias implicancias o deriva en múltiples temas complementarios.
OH!: ¿El asesoramiento que ofrece se limita a esas materias?
No, por el contrario, el asesoramiento a empresas siempre deriva en asuntos tributarios, comerciales, laborales, administrativos, municipales, que también atendemos como parte del asesoramiento principal que realizamos.
OH!: ¿Por qué el nombre (APOYO) del despacho?
El nombre elegido para denominar este emprendimiento no es casual, tampoco se eligió al azar. APOYO Abogados & Consultores es un nombre comercial que denota toda una filosofía corporativa que lo respalda. Con éste hemos querido transmitir la idea sobre nuestro principal objeto como oficina legal, el cual es respaldar, colaborar, orientar, asesorar, soportar, ayudar a quienes confían en nosotros. En resumen, la idea es apoyar a quienes nos contratan. El nombre es amplio porque además de servicios jurídicos realizamos consultorías en otros campos.
OH!: ¿En qué otros campos?
Asesoramiento tributario, restructuración de pasivos bancarios, valoración de empresas, asesoramiento a empresas familiares, asesoramiento financiero, salvataje de empresas con problemas, valoraciones inmobiliarias, etc.
OH!: Ud. viene de una familia de abogados. Háblenos al respecto.
Cierto, en la familia hay muchos abogados, como mi padre, mi hermano, quienes ya no están con nosotros, una tía y otros parientes directos que se han dedicado a las leyes.
OH!: Háblenos sobre su experiencia en el área jurídica.
Tengo más de 20 años trabajando en el área legal y el Bufete de Abogados a mi cargo cuenta con 13 años de presencia en el mercado. Como fundador de APOYO tengo el orgullo de haber organizado un gran equipo humano, muy profesional y altamente competitivo, dedicado a ofrecer servicios legales de calidad.
OH!: En su criterio, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de APOYO?
Uno de los aspectos que nos caracteriza es que hacemos uso intensivo de las tecnologías de la información. A la fecha, APOYO tiene presencia en las redes sociales por medio de las cuales mucha gente se actualiza en relación a diversos aspectos legales de interés común ya que ofrecemos notas y artículos actualizados sobre asuntos legales de interés colectivo. Este es también un medio por el cual varias personas y empresas nos han contactado desde el exterior para que los asesoremos. Es una política corporativa estar siempre actualizados para ir innovando, en un mundo que crece en el área tecnológica de manera muy acelerada.
Hoy en día las redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter nos sirven como instrumentos muy efectivos para la prestación de nuestros servicios.
OH!: ¿Cuéntenos sobre las publicaciones que realizó su oficina junto a Los Tiempos?
El equipo a mi cargo se halla comprometido en apoyar a la comunidad, brindando asesoría y orientación a varios segmentos del mercado. Bajo esta premisa y como aporte efectivo a la colectividad, inicialmente tuvimos una columna que se publicaba semanalmente en esta revista (OH!). Posteriormente APOYO ha realizado un esfuerzo para publicar dos Guías Jurídicas coleccionables de 20 fascículos cada una, denominadas “APOYO LEGAL”; la primera nombrada “GUIA JURÍDICA DE USO FRECUENTE” sobre diferentes temáticas del derecho que fue realizada el 2007 y una segunda relacionada con temas de Derecho Comercial denominada “COLECCIÓN JURIDICA CORPORATIVA”, que se difundió este 2016, ambas publicaciones fueron distribuidas de manera gratuita junto a la edición impresa de Los Tiempos.
OH!: ¿Entendemos que APOYO tiene planes de expandir sus servicios a bolivianos residentes en el exterior. Coméntenos al respecto.
Por ahora tenemos proyectado ampliar nuestras actividades a Estados Unidos para prestar servicios legales desde Bolivia a residentes bolivianos radicados en ese país. Nuestra intención es abrir cuanto antes una oficina de APOYO Abogados & Consultores en Estados Unidos. Para eso estamos organizando una serie de reuniones de trabajo en Virginia donde tenemos proyectado realizar un ciclo de charlas y presentaciones sobre nuestra firma y los servicios que brindamos.
Tenemos varios amigos y clientes que pertenecen a la comunidad boliviana radicada en Estados Unidos quienes nos fueron compartiendo sus necesidades y urgencias. Basados en estos testimonios y experiencias, hemos desarrollado una interesante oferta de servicios que vamos a implementar en breve.
OH!: ¿Cómo surge esta idea?
Porque la comunidad de compatriotas bolivianos es muy numerosa en ese país. En muchas ocasiones hemos recibido clientes que residen también en otros lugares pero es una constante que todos tienen sus intereses, bienes, empresas y familia aun en Bolivia. Los residentes bolivianos en el exterior constantemente compran bienes inmuebles en el país, envían remesas, realizan inversiones, constituyen sociedades, reciben herencias, cobran deudas, tienen trámites pendientes, etc., para todo esto requieren una adecuada y confiable asesoría jurídica. Conociendo esto es que en APOYO vimos que podemos atender desde Bolivia todos estos requerimientos y ahora estamos poniendo en marcha el proyecto.
Estamos realizando este emprendimiento porque entendimos que la situación de los bolivianos en el exterior es compleja, no solo en EEUU sino en otros países, y todos sin excepción requieren un asesoramiento legal de calidad que les de tranquilidad sobre sus inversiones e intereses así como la certeza que estas están garantizadas y respaldadas jurídicamente. Creemos que debemos ayudar a nuestra gente desde el campo legal poniendo a su disposición nuestra amplia experiencia en este campo.
OH!: ¿Cuándo estarán en Estados Unidos?
Estaremos en Virginia los primeros días de noviembre del presente año y luego tenemos planificado hacer visitas periódicas a ese país con el objeto de consolidar la oferta de nuestros servicios.
Perfil
Rodrigo Méndez Mendizábal
Es Abogado de la Universidad Mayor de San Simón.
Conocido por empresario y emprendedor en el área de tecnologías de información en Bolivia, es fundador de APOYO Abogados & Consultores.
OH!: ¿Cómo surge APOYO Abogados & Consultores?
Surge en respuesta a la necesidad que demandaba en ese momento el mercado de una oficina jurídica dedicada a la oferta de servicios legales distintos a los tradicionales. En APOYO, desde su fundación, nos hemos dedicado a la creación de sociedades, saneamiento de empresas, adecuación de las empresas a las nuevas normas vigentes en Bolivia y otras áreas relacionadas al derecho corporativo o empresarial como se lo conoce. Asimismo, tenemos amplio conocimiento en el tema de empresas familiares. Otro campo en el que desarrollamos nuestra actividad profesional es el inmobiliario, debido a la amplia experiencia en asesoramiento para la compraventa de bienes raíces, el saneamiento de inmuebles y aspectos vinculados a bienes raíces en general. Asesoramos también a varias empresas constructoras que vienen desarrollando la ejecución de proyectos inmobiliarios en el país. Si bien el campo de acción parece reducido, éste se amplía porque cada rama del Derecho tiene varias implicancias o deriva en múltiples temas complementarios.
OH!: ¿El asesoramiento que ofrece se limita a esas materias?
No, por el contrario, el asesoramiento a empresas siempre deriva en asuntos tributarios, comerciales, laborales, administrativos, municipales, que también atendemos como parte del asesoramiento principal que realizamos.
OH!: ¿Por qué el nombre (APOYO) del despacho?
El nombre elegido para denominar este emprendimiento no es casual, tampoco se eligió al azar. APOYO Abogados & Consultores es un nombre comercial que denota toda una filosofía corporativa que lo respalda. Con éste hemos querido transmitir la idea sobre nuestro principal objeto como oficina legal, el cual es respaldar, colaborar, orientar, asesorar, soportar, ayudar a quienes confían en nosotros. En resumen, la idea es apoyar a quienes nos contratan. El nombre es amplio porque además de servicios jurídicos realizamos consultorías en otros campos.
OH!: ¿En qué otros campos?
Asesoramiento tributario, restructuración de pasivos bancarios, valoración de empresas, asesoramiento a empresas familiares, asesoramiento financiero, salvataje de empresas con problemas, valoraciones inmobiliarias, etc.
OH!: Ud. viene de una familia de abogados. Háblenos al respecto.
Cierto, en la familia hay muchos abogados, como mi padre, mi hermano, quienes ya no están con nosotros, una tía y otros parientes directos que se han dedicado a las leyes.
OH!: Háblenos sobre su experiencia en el área jurídica.
Tengo más de 20 años trabajando en el área legal y el Bufete de Abogados a mi cargo cuenta con 13 años de presencia en el mercado. Como fundador de APOYO tengo el orgullo de haber organizado un gran equipo humano, muy profesional y altamente competitivo, dedicado a ofrecer servicios legales de calidad.
OH!: En su criterio, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de APOYO?
Uno de los aspectos que nos caracteriza es que hacemos uso intensivo de las tecnologías de la información. A la fecha, APOYO tiene presencia en las redes sociales por medio de las cuales mucha gente se actualiza en relación a diversos aspectos legales de interés común ya que ofrecemos notas y artículos actualizados sobre asuntos legales de interés colectivo. Este es también un medio por el cual varias personas y empresas nos han contactado desde el exterior para que los asesoremos. Es una política corporativa estar siempre actualizados para ir innovando, en un mundo que crece en el área tecnológica de manera muy acelerada.
Hoy en día las redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter nos sirven como instrumentos muy efectivos para la prestación de nuestros servicios.
OH!: ¿Cuéntenos sobre las publicaciones que realizó su oficina junto a Los Tiempos?
El equipo a mi cargo se halla comprometido en apoyar a la comunidad, brindando asesoría y orientación a varios segmentos del mercado. Bajo esta premisa y como aporte efectivo a la colectividad, inicialmente tuvimos una columna que se publicaba semanalmente en esta revista (OH!). Posteriormente APOYO ha realizado un esfuerzo para publicar dos Guías Jurídicas coleccionables de 20 fascículos cada una, denominadas “APOYO LEGAL”; la primera nombrada “GUIA JURÍDICA DE USO FRECUENTE” sobre diferentes temáticas del derecho que fue realizada el 2007 y una segunda relacionada con temas de Derecho Comercial denominada “COLECCIÓN JURIDICA CORPORATIVA”, que se difundió este 2016, ambas publicaciones fueron distribuidas de manera gratuita junto a la edición impresa de Los Tiempos.
OH!: ¿Entendemos que APOYO tiene planes de expandir sus servicios a bolivianos residentes en el exterior. Coméntenos al respecto.
Por ahora tenemos proyectado ampliar nuestras actividades a Estados Unidos para prestar servicios legales desde Bolivia a residentes bolivianos radicados en ese país. Nuestra intención es abrir cuanto antes una oficina de APOYO Abogados & Consultores en Estados Unidos. Para eso estamos organizando una serie de reuniones de trabajo en Virginia donde tenemos proyectado realizar un ciclo de charlas y presentaciones sobre nuestra firma y los servicios que brindamos.
Tenemos varios amigos y clientes que pertenecen a la comunidad boliviana radicada en Estados Unidos quienes nos fueron compartiendo sus necesidades y urgencias. Basados en estos testimonios y experiencias, hemos desarrollado una interesante oferta de servicios que vamos a implementar en breve.
OH!: ¿Cómo surge esta idea?
Porque la comunidad de compatriotas bolivianos es muy numerosa en ese país. En muchas ocasiones hemos recibido clientes que residen también en otros lugares pero es una constante que todos tienen sus intereses, bienes, empresas y familia aun en Bolivia. Los residentes bolivianos en el exterior constantemente compran bienes inmuebles en el país, envían remesas, realizan inversiones, constituyen sociedades, reciben herencias, cobran deudas, tienen trámites pendientes, etc., para todo esto requieren una adecuada y confiable asesoría jurídica. Conociendo esto es que en APOYO vimos que podemos atender desde Bolivia todos estos requerimientos y ahora estamos poniendo en marcha el proyecto.
Estamos realizando este emprendimiento porque entendimos que la situación de los bolivianos en el exterior es compleja, no solo en EEUU sino en otros países, y todos sin excepción requieren un asesoramiento legal de calidad que les de tranquilidad sobre sus inversiones e intereses así como la certeza que estas están garantizadas y respaldadas jurídicamente. Creemos que debemos ayudar a nuestra gente desde el campo legal poniendo a su disposición nuestra amplia experiencia en este campo.
OH!: ¿Cuándo estarán en Estados Unidos?
Estaremos en Virginia los primeros días de noviembre del presente año y luego tenemos planificado hacer visitas periódicas a ese país con el objeto de consolidar la oferta de nuestros servicios.
Perfil
Rodrigo Méndez Mendizábal
Es Abogado de la Universidad Mayor de San Simón.
Conocido por empresario y emprendedor en el área de tecnologías de información en Bolivia, es fundador de APOYO Abogados & Consultores.
domingo, 30 de octubre de 2016
Presentan tres querellas contra juez que benefició a Walter Torrico
Tres querellas penales, por el delito de prevaricato, fueron presentadas por los representantes del Colegio de Abogados de La Paz, la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Justicia, contra la juez décimo de instrucción en lo penal cautelar, Marcel Siles, por haber beneficiado con detención domiciliaria al exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), imputado por falsificar notas y obtener su título de bachiller de forma fraudulenta.
La información proporcionada por Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados, fue confirmada el miércoles por la mañana cuando se notificó con las tres querellas a la juez Siles, al momento de instalarse una nueva audiencia en ese caso.
El 21 de octubre, la juez determinó la detención domiciliaria con custodios, el pago de una fianza de Bs 30 mil y el arraigo para Walter Torrico.
Torrico, quien además de ser el secretario general de la FBF, también es presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), es sindicado por los delitos de falsedad material, ideológica y legitimación de ganancias ilícitas.
El representante legal de la UMSA, Javier Tapia, detalló que Torrico fue alumno de esa casa de estudios, pero se verificó que había falsificó certificados de notas y para no ser descubierto, legalizó las notas mediantes la transferencia a otra universidad privada donde se le otorgó el título.
La audiencia, que debía desarrollarse el miércoles, fue convocada a pedido de Torrico, que luego de lograr la detención domiciliaria, presentó una objeción a la imputación de la Fiscalía.
Sin embargo, la juez Siles tuvo que excusarse del caso al ser notificada con las tres querellas.
El abogado de Torrico que negó dar su nombre, pidió a la prensa, “dejar de molestar” y se negó a explicar el argumento legal de la objeción interpuesta a la imputación del Ministerio Público.
A la salida de la audiencia suspendida, Torrico no logró dar declaraciones impedido por los forcejeos con los que los efectivos policiales lo trasladaron a celdas judiciales.
OTRO JUEZ
De ser admitida la recusación en contra de la juez Siles, fundamentada en las tres querellas penales, el caso de Torrico debe pasar a conocimiento de otro juez para tratar la objeción planteada por el dirigente deportivo al cual, otros directivos le han solicitado su renuncia a la FBF, que lo materializó el pasado viernes..
La información proporcionada por Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados, fue confirmada el miércoles por la mañana cuando se notificó con las tres querellas a la juez Siles, al momento de instalarse una nueva audiencia en ese caso.
El 21 de octubre, la juez determinó la detención domiciliaria con custodios, el pago de una fianza de Bs 30 mil y el arraigo para Walter Torrico.
Torrico, quien además de ser el secretario general de la FBF, también es presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), es sindicado por los delitos de falsedad material, ideológica y legitimación de ganancias ilícitas.
El representante legal de la UMSA, Javier Tapia, detalló que Torrico fue alumno de esa casa de estudios, pero se verificó que había falsificó certificados de notas y para no ser descubierto, legalizó las notas mediantes la transferencia a otra universidad privada donde se le otorgó el título.
La audiencia, que debía desarrollarse el miércoles, fue convocada a pedido de Torrico, que luego de lograr la detención domiciliaria, presentó una objeción a la imputación de la Fiscalía.
Sin embargo, la juez Siles tuvo que excusarse del caso al ser notificada con las tres querellas.
El abogado de Torrico que negó dar su nombre, pidió a la prensa, “dejar de molestar” y se negó a explicar el argumento legal de la objeción interpuesta a la imputación del Ministerio Público.
A la salida de la audiencia suspendida, Torrico no logró dar declaraciones impedido por los forcejeos con los que los efectivos policiales lo trasladaron a celdas judiciales.
OTRO JUEZ
De ser admitida la recusación en contra de la juez Siles, fundamentada en las tres querellas penales, el caso de Torrico debe pasar a conocimiento de otro juez para tratar la objeción planteada por el dirigente deportivo al cual, otros directivos le han solicitado su renuncia a la FBF, que lo materializó el pasado viernes..
viernes, 28 de octubre de 2016
Colegio de Abogados denuncia existencia de 22 falsos abogados
l presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó que se procesan 22 casos, de los cuales 16 denuncias en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción sobre falsos abogados.
“El Ministerio de Transparencia Institucional procesa al menos 16 denuncias de falsos abogados y 6 casos desarchivados desde el (año) 2012 en el Ministerio Público”, declaró a la ABI.
El jurista dijo que, junto con los ministerios de Transparencia, de Justicia y la Fiscalía Departamental, activarán todas las acciones para combatir la corrupción y encerrar en la cárcel a gente inescrupulosa que se hace pasar de abogado, obteniendo documentos falsos.
Demandó la cooperación de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.
Merced a los oficios del fiscal departamental, Edwin Blanco, aparecieron sobre la mesa, obrados referidos a falsos abogados que datan de 2012.
De esos, agregó, tres personas consiguieron certificados de ocho materias falsificadas para obtener y tramitar títulos profesionales de abogado.
Jiménez, aseguró que “estos casos no quedarán en la impunidad y desde el Colegio de Abogados impulsarán los procesos penales por la comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y otros”. ABI.
Como se recordará a Walter Torrico se le acusa de haber fraguado notas para la obtención del título de abogado; a raíz de esta acusación, se le investiga, mientras tanto tiene detención domiciliaria.
En lo que va del año ya se descubrieron varios casos de abogados con títulos obtenidos irregularmente, por tal razón algunas instituciones tomaron cartas en el asunto para descubrir si hay más casos de esta naturaleza.
“El Ministerio de Transparencia Institucional procesa al menos 16 denuncias de falsos abogados y 6 casos desarchivados desde el (año) 2012 en el Ministerio Público”, declaró a la ABI.
El jurista dijo que, junto con los ministerios de Transparencia, de Justicia y la Fiscalía Departamental, activarán todas las acciones para combatir la corrupción y encerrar en la cárcel a gente inescrupulosa que se hace pasar de abogado, obteniendo documentos falsos.
Demandó la cooperación de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.
Merced a los oficios del fiscal departamental, Edwin Blanco, aparecieron sobre la mesa, obrados referidos a falsos abogados que datan de 2012.
De esos, agregó, tres personas consiguieron certificados de ocho materias falsificadas para obtener y tramitar títulos profesionales de abogado.
Jiménez, aseguró que “estos casos no quedarán en la impunidad y desde el Colegio de Abogados impulsarán los procesos penales por la comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y otros”. ABI.
Como se recordará a Walter Torrico se le acusa de haber fraguado notas para la obtención del título de abogado; a raíz de esta acusación, se le investiga, mientras tanto tiene detención domiciliaria.
En lo que va del año ya se descubrieron varios casos de abogados con títulos obtenidos irregularmente, por tal razón algunas instituciones tomaron cartas en el asunto para descubrir si hay más casos de esta naturaleza.
jueves, 27 de octubre de 2016
Presidente del Colegio de Abogados de La Paz “Anotación preventiva de bienes de familiares es abuso”
La anotación preventiva de bienes de terceros, en un proceso judicial individual, es un abuso de poder, porque no está reglamentada dentro de los códigos Penal y Civil, afirmó a EL DIARIO el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez. El representante jurista realizó varias aclaraciones en torno al juicio que le inició el Ministerio Público a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN).
En tanto, el oficialismo arremetió contra el político y empresario al afirmar que la decisión que tomó la justicia es legal.
DENUNCIA
El líder de UN denunció que la Fiscalía realizó la anotación preventiva de sus bienes, por el juicio en su contra en el caso Focas (Formación de capital en áreas secundarias), 21 en total, pero no solo de sus bienes, sino también los de sus familiares que no tienen relación alguna con el proceso en su contra.
“Han hecho una anotación preventiva de mis bienes, pero no únicamente de mis bienes, sino de los bienes de mis hermanas, de otras personas, imagínese el absurdo”, cuestionó Doria Medina.
Puntualizó que en la anotación preventiva figura un terreno en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz, que les dejó como herencia su padre y que pertenece a siete miembros de su familia, fue anotado. “Son siete miembros que no tienen nada que ver con participación en política”, apuntó.
ABUSO
Al respecto, Jiménez aseguró que la anotación preventiva de bienes a familiares de Doria Medina es un “abuso”, porque ese elemento no está normado en el país en los códigos Civil y Penal.
“Las autoridades judiciales no pueden hacer anotación preventiva de bienes con gente que no tiene nada que ver con las investigaciones en contra del líder político, peor si son sus familiares”, señaló el jurista.
CÓDIGO CIVIL
Jiménez indicó que dentro del Código Civil se establecen medidas precautorias que tienen que ver con la anotación preventiva, para evitar que una persona deudora venda sus bienes o los transfiera a terceros, tratando de deslindarse de responsabilidades.
“La anotación preventiva es una garantía para que el deudor pague sus cuentas con sus bienes, en caso de no tener dinero para liquidar la misma”, explicó.
OTRO RECURSO
Jiménez agregó que existe una acción legal denominada “oblicua o pauliana”, la cual se aplica en caso de detectar que un investigado realice transferencias de bienes a tercetos para evadir responsabilidades de deudas con personas particulares o con el Estado.
“Con esta acción legal la parte querellante (en este caso la Fiscalía) puede recuperar el dinero prestado en casos que causen daño económico al Estado”, señaló
JUSTICIA
Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Javier Zabaleta, justificó la acción y mencionó que los bienes de Samuel Doria Medina están en análisis de las autoridades judiciales, quienes están viendo los mecanismos legales competentes en la toma de decisiones en el caso Focas.
“La anotación preventiva a familiares de Doria Medina está dentro de la jurisdicción del juez que esta cargo del casco Focas, ellos evaluaran la situación. Nosotros sólo hemos investigado el daño económico al Estado del líder político”, afirmó.
Focas era un proyecto para la Formación de Capital en Áreas Secundarias, el cual data de hace 30 años. El gobierno actual le atribuye a Doria Medina de supuesta comisión de delitos por incumplimiento de deberes.
En tanto, el oficialismo arremetió contra el político y empresario al afirmar que la decisión que tomó la justicia es legal.
DENUNCIA
El líder de UN denunció que la Fiscalía realizó la anotación preventiva de sus bienes, por el juicio en su contra en el caso Focas (Formación de capital en áreas secundarias), 21 en total, pero no solo de sus bienes, sino también los de sus familiares que no tienen relación alguna con el proceso en su contra.
“Han hecho una anotación preventiva de mis bienes, pero no únicamente de mis bienes, sino de los bienes de mis hermanas, de otras personas, imagínese el absurdo”, cuestionó Doria Medina.
Puntualizó que en la anotación preventiva figura un terreno en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz, que les dejó como herencia su padre y que pertenece a siete miembros de su familia, fue anotado. “Son siete miembros que no tienen nada que ver con participación en política”, apuntó.
ABUSO
Al respecto, Jiménez aseguró que la anotación preventiva de bienes a familiares de Doria Medina es un “abuso”, porque ese elemento no está normado en el país en los códigos Civil y Penal.
“Las autoridades judiciales no pueden hacer anotación preventiva de bienes con gente que no tiene nada que ver con las investigaciones en contra del líder político, peor si son sus familiares”, señaló el jurista.
CÓDIGO CIVIL
Jiménez indicó que dentro del Código Civil se establecen medidas precautorias que tienen que ver con la anotación preventiva, para evitar que una persona deudora venda sus bienes o los transfiera a terceros, tratando de deslindarse de responsabilidades.
“La anotación preventiva es una garantía para que el deudor pague sus cuentas con sus bienes, en caso de no tener dinero para liquidar la misma”, explicó.
OTRO RECURSO
Jiménez agregó que existe una acción legal denominada “oblicua o pauliana”, la cual se aplica en caso de detectar que un investigado realice transferencias de bienes a tercetos para evadir responsabilidades de deudas con personas particulares o con el Estado.
“Con esta acción legal la parte querellante (en este caso la Fiscalía) puede recuperar el dinero prestado en casos que causen daño económico al Estado”, señaló
JUSTICIA
Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Javier Zabaleta, justificó la acción y mencionó que los bienes de Samuel Doria Medina están en análisis de las autoridades judiciales, quienes están viendo los mecanismos legales competentes en la toma de decisiones en el caso Focas.
“La anotación preventiva a familiares de Doria Medina está dentro de la jurisdicción del juez que esta cargo del casco Focas, ellos evaluaran la situación. Nosotros sólo hemos investigado el daño económico al Estado del líder político”, afirmó.
Focas era un proyecto para la Formación de Capital en Áreas Secundarias, el cual data de hace 30 años. El gobierno actual le atribuye a Doria Medina de supuesta comisión de delitos por incumplimiento de deberes.
Colegio de Abogados demanda a juez que dictó detención domiciliaria para dirigente de la FBF
El Colegio de Abogados de La Paz presentó este miércoles ante el Ministerio Público una demanda penal por el delito de prevaricato contra la juez décimo cautelar, Marcela Siles, por beneficiar con detención domiciliaria al presidente de la Asociación de Fútbol de la Paz (AFLP) y secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Wálter Torrico.
El presidente del ente colegiado de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó de la denuncia interpuesta contra la juez, quien benefició con detención domiciliaria al acusado de falsificación material e ideológica de los certificados de notas de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
"Hemos presentado una querella criminal contra la juez por prevaricato. Las cuatro instituciones, el rectorado, la facultad de Derecho, el Colegio de Abogados y el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, le hemos demostrado a la juez que esas 19 notas (presentadas por Torrico) son falsas, más pruebas ya no creo que haya", explicó.
La detención domiciliaria debe cumplirla con custodios. Siles también instruyó su arraigó, el pago de una fianza de Bs 30.000, presentar dos garantes y no acercarse a los testigos e instituciones vinculados con la pesquisa.
Según registros de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Torrico habría tomado algunas materias en esa casa superior de estudios y posteriormente falsificó certificados de notas para ser transferido a una universidad privada y terminar sus estudios.
miércoles, 19 de octubre de 2016
Colegio de abogados distingue a profesionales
El Colegio de Abogados de Cochabamba organizó diferentes actos por el mes aniversario del abogado. En su salón de la avenida Heroínas se llevó adelante la sesión de honor en la que se entregaron medallas de reconocimiento y distinciones a los profesionales por su trayectoria y producción intelectual. También participaron de cursos de capacitación, actividades deportivas y una cena de gala.
martes, 4 de octubre de 2016
Suman 20 casos Detectan a cuatro falsos abogados
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó que se logró detectar a otros cuatro presuntos falsos abogados que tramitaron su título profesional con certificados de notas fraguados; agregó que con los mencionados ya suman 20 los casos que se derivaron al Ministerio de Transparencia para que se inicien las investigaciones correspondientes.
Jiménez señaló que envió “al Ministerio de Transparencia una lista de cuatro nuevos investigados (presuntos abogados falsos), ahora el Ministerio de Transparencia tiene que remitir esos antecedentes” a especialistas que certifiquen sí las firmas de los certificados de calificaciones que utilizaron estas personas son falsas o reales para luego tomar las acciones legales que correspondan.
Agregó que los sindicados habrían tramitado su título profesional, utilizando certificados de notas que llevan firmas falsas de autoridades académicas, por lo cual todo el procedimiento de titulación sería nulo.
Jiménez adelantó que de los 20 casos señalados ya se presentaron cerca de 15 acciones penales y en estos días se conocerán los mandamientos de aprehensión correspondientes ante este tipo de irregularidades. (ANF)
Jiménez señaló que envió “al Ministerio de Transparencia una lista de cuatro nuevos investigados (presuntos abogados falsos), ahora el Ministerio de Transparencia tiene que remitir esos antecedentes” a especialistas que certifiquen sí las firmas de los certificados de calificaciones que utilizaron estas personas son falsas o reales para luego tomar las acciones legales que correspondan.
Agregó que los sindicados habrían tramitado su título profesional, utilizando certificados de notas que llevan firmas falsas de autoridades académicas, por lo cual todo el procedimiento de titulación sería nulo.
Jiménez adelantó que de los 20 casos señalados ya se presentaron cerca de 15 acciones penales y en estos días se conocerán los mandamientos de aprehensión correspondientes ante este tipo de irregularidades. (ANF)
sábado, 30 de julio de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)