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martes, 23 de enero de 2018
Juez envía a la cárcel a abogado que ofrecía cargos para la carrera notarial
El Ministerio de Justicia consiguió que el abogado Marco Antonio García sea enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, imputado por ofrecer cargos para la carrera notarial, dijo este domingo el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
"El abogado, a denuncia del Ministerio de Justicia, fue imputado por delitos de extorsión, estafa, contribuciones y ventajas ilegítimas", confirmó la autoridad.
Informó que García se hacía pasar como integrante de la Comisión Calificadora del Notariado para ofrecer cargos a postulantes a la carrera notarial a cambio de dinero.
Por tanto, agregó, que la juez segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Wiat Belzu, el sábado por la noche después de escuchar los argumentos contundentes de la denuncia y riesgos de fuga y entorpecimiento del proceso, determinó su reclusión del abogado caído en desgracia en el penal de San Pedro, en La Paz.
Expresó que en menos de un mes, este es el segundo caso de corrupción denunciado por el Ministerio de Justicia, bajo el principio de "cero tolerancia a la corrupción".
El primer caso fue del ex funcionario del Ministerio de Justicia, Jorge Pacheco, por el cobro de 5.000 dólares a los padres de un aspirante a la Academia Nacional de Policías (Anapol). (21/01/2018)
domingo, 21 de enero de 2018
Cárcel para abogado que ofrecía cargos a postulantes de carrera notarial
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional logró ayer que el abogado Marco Antonio García Borda fuera enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por extorsión, estafa, contribuciones y ventajas ilegítimas, quien se hacía pasar como miembros de la Comisión Calificadora del Notariado para ofrecer cargos a los postulantes a la carrera notarial a cambio de beneficios económicos, según información oficial.
La jueza segundo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, Wiat Belzu Carvajal, en la audiencia de medidas cautelares, tomó la decisión luego de conocer los argumentos contundentes de la denuncia para que el sindicado sea recluido ante riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso.
Este es el segundo caso de corrupción denunciado por el Ministerio en menos de un mes. El primer caso fue de un exfuncionario del Ministerio de Justicia, Jorge Pacheco, por el cobro de 5.000 dólares a los padres de un aspirante a la Academia Nacional de Policías (Anapol). El segundo contra un abogado que se hacía pasar como miembro de la Comisión Calificadora del Notariado.
En la audiencia de medidas cautelares estuvieron presentes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, el director general de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, y la directora de Dirnoplu, Erika Chávez.
El viceministro Jiménez informó que desarrollaron acciones luego que la directora de Dirnoplu, Erika Chávez, tomó conocimiento de que el abogado García Borda estaría utilizando el nombre del ministro Arce y de Dirnoplu para extorsionar a los postulantes que aspiran a un espacio en una notaría de fe pública.
La jueza segundo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, Wiat Belzu Carvajal, en la audiencia de medidas cautelares, tomó la decisión luego de conocer los argumentos contundentes de la denuncia para que el sindicado sea recluido ante riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso.
Este es el segundo caso de corrupción denunciado por el Ministerio en menos de un mes. El primer caso fue de un exfuncionario del Ministerio de Justicia, Jorge Pacheco, por el cobro de 5.000 dólares a los padres de un aspirante a la Academia Nacional de Policías (Anapol). El segundo contra un abogado que se hacía pasar como miembro de la Comisión Calificadora del Notariado.
En la audiencia de medidas cautelares estuvieron presentes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, el director general de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, y la directora de Dirnoplu, Erika Chávez.
El viceministro Jiménez informó que desarrollaron acciones luego que la directora de Dirnoplu, Erika Chávez, tomó conocimiento de que el abogado García Borda estaría utilizando el nombre del ministro Arce y de Dirnoplu para extorsionar a los postulantes que aspiran a un espacio en una notaría de fe pública.
sábado, 20 de enero de 2018
Policía aprehende a abogado que ofrecía cargos para la carrera notarial
(ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC-LP) y el Ministerio Público aprehendió al abogado, Marco Antonio García, quien ofrecía cargos para la carrera notarial a cambio de remuneración económica, denunció hoy, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
"Por instrucción del ministro de Justicia, Héctor Arce, se denunció a este abogado por la presunta comisión de los delitos de extorsión, ventajas ilegítimas y tentativa de estafa", dijo la autoridad.
Explicó que esta persona se hacía pasar como integrante de la Comisión Calificadora del Notariado para ofrecer cargos a los postulantes a la carrera notarial a cambio de beneficios económicos.
Según Jiménez, desarrollaron acciones luego que la directora del Notariado Plurinacional, Erika Chávez, tomó conocimiento que el abogado García Borda estaría utilizando el nombre del ministro Arce y de esa institución para extorsionar a postulantes que aspiran a un espacio en una notaría de fe pública.
El abogado denunciado se hacía pasar como miembro de la Comisión Calificadora del Notariado para la selección a la carrera notarial que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
En esas circunstancias el viernes por la tarde se denuncia a la FELCC y horas después es aprehendido y puesto a disposición de la justicia ordinaria.
martes, 18 de abril de 2017
Cárcel para abogado que suplantó identidad del Ministro de Justicia
Freddy Antonio F. Q. (abogado de la empresa Sabsa) fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, sindicado de suplantar la identidad del Ministro de Justicia.
En conferencia de prensa, ayer desde Santa Cruz, el ministro Héctor Arce denunció que “esta persona, suplantando la identidad del Ministro de Justicia y actuando supuestamente a nombre del presidente Morales, ha manipulado a diferentes altas autoridades, ha manipulado para obtener cargos, ha manipulado para torcer la acción de la justicia en algunos casos y ha manipulado en beneficio personal y de otros”, afirmó.
La autoridad explicó que esta persona actuaba a través de un número de WhatsApp para tomar contacto con diversas autoridades y el pasado sábado fue detenido, después de que las primeras investigaciones determinaron los ilícitos en los que incurrió. Freddy Antonio F. Q. fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y contribuciones y ventajas ilegítimas.
El detenido, suplantando la identidad del ministro, tuvo conversaciones con el gerente general de Sabsa, Mauricio Germán Rojas Quiroz. También se comunicó con el director jurídico de esta entidad, Jesús Mauricio Pinto Mancilla, e incluso con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Teresa Lourdes Ardaya.
Sin embargo, el indicio que reveló la suplantación fue la denuncia de Ardaya, quien no cayó en el engaño, y a diferencia de las otras dos autoridades de Sabsa, apenas notó la irregularidad, denunció el hecho.
Según el cuaderno de investigación, el 5 de abril de 2017, Ardaya recibió mensajes en su celular, indicando ser del ministro Arce, pidiéndole que reciba a los abogados de Sabsa.
Aproximadamente, a las 15.00 se apersonaron al despacho de la presidenta del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, los abogados Gabriela Paola M. V. y Oscar P. M., indicando que iban de parte del ministro Héctor Arce, mientras de forma paralela la presidenta Ardaya recibía más mensajes en su celular que le indicaban que recibiera a los abogados de Sabsa.
De acuerdo con la comisión de fiscales, encabezado por Fanny Alfaro Vaquila, en el proceso investigativo se evidenció que Freddy Antonio F. Q. cometió dichas irregularidades en calidad de autor y cuando desempeñaba funciones como abogado de Sabsa Regional Cochabamba.
“La Fiscalía presentó la imputación y tras su fundamentación en audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar en lo Penal, se determinó la reclusión de este abogado en el penal de Palmasola”, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea.
En conferencia de prensa, ayer desde Santa Cruz, el ministro Héctor Arce denunció que “esta persona, suplantando la identidad del Ministro de Justicia y actuando supuestamente a nombre del presidente Morales, ha manipulado a diferentes altas autoridades, ha manipulado para obtener cargos, ha manipulado para torcer la acción de la justicia en algunos casos y ha manipulado en beneficio personal y de otros”, afirmó.
La autoridad explicó que esta persona actuaba a través de un número de WhatsApp para tomar contacto con diversas autoridades y el pasado sábado fue detenido, después de que las primeras investigaciones determinaron los ilícitos en los que incurrió. Freddy Antonio F. Q. fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y contribuciones y ventajas ilegítimas.
El detenido, suplantando la identidad del ministro, tuvo conversaciones con el gerente general de Sabsa, Mauricio Germán Rojas Quiroz. También se comunicó con el director jurídico de esta entidad, Jesús Mauricio Pinto Mancilla, e incluso con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Teresa Lourdes Ardaya.
Sin embargo, el indicio que reveló la suplantación fue la denuncia de Ardaya, quien no cayó en el engaño, y a diferencia de las otras dos autoridades de Sabsa, apenas notó la irregularidad, denunció el hecho.
Según el cuaderno de investigación, el 5 de abril de 2017, Ardaya recibió mensajes en su celular, indicando ser del ministro Arce, pidiéndole que reciba a los abogados de Sabsa.
Aproximadamente, a las 15.00 se apersonaron al despacho de la presidenta del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, los abogados Gabriela Paola M. V. y Oscar P. M., indicando que iban de parte del ministro Héctor Arce, mientras de forma paralela la presidenta Ardaya recibía más mensajes en su celular que le indicaban que recibiera a los abogados de Sabsa.
De acuerdo con la comisión de fiscales, encabezado por Fanny Alfaro Vaquila, en el proceso investigativo se evidenció que Freddy Antonio F. Q. cometió dichas irregularidades en calidad de autor y cuando desempeñaba funciones como abogado de Sabsa Regional Cochabamba.
“La Fiscalía presentó la imputación y tras su fundamentación en audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar en lo Penal, se determinó la reclusión de este abogado en el penal de Palmasola”, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea.
miércoles, 11 de enero de 2017
Multarán con hasta Bs 3.610 a los abogados que falten a audiencias
Mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone que la inasistencia injustificada de los abogados a un determinado acto procesal sea castigada con multa de hasta 3.610 bolivianos. Esa sanción será impuesta por la autoridad judicial que atienda la causa. Y, ante la inasistencia por dos veces consecutivas del representante, se establece que la autoridad designe de inmediato a un abogado de oficio.
La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.
El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.
Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.
SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.
En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.
Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).
Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.
La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.
El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.
Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.
SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.
En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.
Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).
Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.
sábado, 7 de enero de 2017
Cobraban Bs 25 mil con documentos falsificados
Una abogada y su cliente fueron detenidos ayer por intentar cobrar una orden de restitución judicial de 25 mil bolivianos con un documento falsificado, informó el encargado distrital de Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia.
El funcionario explicó que los ahora detenidos habrían falsificado un certificado de depósito judicial en mayo de 2014 para hacer figurar el depósito de 25 mil bolivianos por una fianza que debía pagar Gualberto A., acusado de violación.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Sacaba determinó la devolución del monto, por lo que el acusado y su abogada trataron de cobrarlo con un documento fraguado, pero la funcionaria de la caja se percató y ambos fueron detenidos en flagrancia.
Los detenidos están acusados por uso de instrumento falsificado y se podría ampliar a falsedad ideológica y material. Hoy se realizará la audiencia de medidas cautelares.
Arancibia indicó que se presume que puede existir una red de falsificadores, en la que pueden estar implicados funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia. “Nos han indicado que hay algunos casos similares que se han registrado el año pasado”, dijo.
sábado, 23 de julio de 2016
Determinan arresto domiciliario para abogada Teresa Montaño
El Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de la abogada María Teresa Montaño, quien fue acusada de engañar a una persona de 69 años, que se encuentra recluida en el penal de San Pedro.
El fiscal Alberto Gutiérrez dijo que las medidas sustitutivas contemplan el arresto domiciliario de Montaño, su respectivo arraigo, una fianza económica de 50 mil bolivianos, además, la imputada está obligada de presentarse ante el Ministerio Público cada viernes.
“Se ha determinado que me den arresto domiciliario, pero puedo salir a trabajar”, celebró la reconocida abogada, al salir de su audiencia de medidas cautelares.
La letrada está imputada por los delitos de privación de libertad y engaño a una persona, puesto que habría instado al señor Eduardo Arce Cuadros a firmar poderes para retirar cerca 30.000 dólares y vender en 400 mil dólares una casa valuada en 1,2 millones.
Por su parte, el fiscal Bernardo Mamani indicó que, de acuerdo con la resolución judicial, Montaño debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos y abrir una cuenta bancaria para depositar el dinero del señor Eduardo Arce Cuadros.
La jurista dijo estar tranquila con depositar el dinero en una cuenta, porque el mismo debe ser usado para costear los gastos de Arce Cuadros.
FISCAL NIEGA ACUSACIÓN
Después de su aprehensión, la abogada denunció que el fiscal Mamani le había pedido 10 mil dólares para favorecerla.
El fiscal negó esa acusación y anunció que informará esta situación a las autoridades del Ministerio Público. (ANF-ERBOL)
El fiscal Alberto Gutiérrez dijo que las medidas sustitutivas contemplan el arresto domiciliario de Montaño, su respectivo arraigo, una fianza económica de 50 mil bolivianos, además, la imputada está obligada de presentarse ante el Ministerio Público cada viernes.
“Se ha determinado que me den arresto domiciliario, pero puedo salir a trabajar”, celebró la reconocida abogada, al salir de su audiencia de medidas cautelares.
La letrada está imputada por los delitos de privación de libertad y engaño a una persona, puesto que habría instado al señor Eduardo Arce Cuadros a firmar poderes para retirar cerca 30.000 dólares y vender en 400 mil dólares una casa valuada en 1,2 millones.
Por su parte, el fiscal Bernardo Mamani indicó que, de acuerdo con la resolución judicial, Montaño debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos y abrir una cuenta bancaria para depositar el dinero del señor Eduardo Arce Cuadros.
La jurista dijo estar tranquila con depositar el dinero en una cuenta, porque el mismo debe ser usado para costear los gastos de Arce Cuadros.
FISCAL NIEGA ACUSACIÓN
Después de su aprehensión, la abogada denunció que el fiscal Mamani le había pedido 10 mil dólares para favorecerla.
El fiscal negó esa acusación y anunció que informará esta situación a las autoridades del Ministerio Público. (ANF-ERBOL)
viernes, 22 de julio de 2016
Abogada es aprehendida sindicada de despojo de propiedades a anciano
MARÍA TERESA MONTAÑO FUE APREHENDIDA POR ORDEN DE LA FISCALÍA DE LA PAZ.
María Teresa Montaño fue aprehendida por orden de la Fiscalía de La Paz, sindicada por el delito de privación de libertad y engaño a persona incapaz de 69 años, que se encuentra recluida en el penal de San Pedro, cumpliendo una sentencia condenatoria.
La orden de aprehensión fue librada por el fiscal de Resolución Temprana, que investiga la denuncia contra Montaño a instancias del único hijo de la víctima que tiene una sentencia de tres años y medio de cárcel por el delito de estelionato y falsedad ideológica.
El anciano tendría un diagnóstico forense de demencia senil y fue acusado por sus familiares de vender un terreno obtenido bajo la figura de usucapión en la ciudad de Cochabamba.
El hijo acusa a Montaño de haber instado a su padre a firmar poderes para retirar cerca de 30.000 dólares en dos partidas y vender una casa en el barrio residencial de La Florida en la zona Sur, valuada en un millón de dólares, al frente del Club de Tenis La Paz.
De acuerdo a la denuncia, Montaño también hizo firmar una supuesta declaración voluntaria, donde el anciano habría indicado que no quiere salir de la cárcel a una clínica especializada ni una casa de reposo, por lo que daba poderes de disposición a la abogada que fue detenida ayer al mediodía.
En declaraciones a Erbol, admitió que el anciano es su cliente y en esa condición dijo haberlo asistido cuando fue internado al penal de San Pedro, prestándole dinero para la compra de la celda, frazadas, colchones a fin de que no sufra traumas. Admitió que tiene cuatro poderes, con uno de los cuales cobró y pagó la compra de una celda y otros requerimientos.
“El que me está iniciando es su hijo a quien no ve hace 12 años ni lo quiere recibir en su celda. El señor vendió su casa por 450.000 dólares al gerente de Nissan. Yo he estado en la venta confeccionando la minuta. Solo pagó 250.000 dólares que están en cuenta del señor. El hijo pidió que se interne a su padre en un psiquiátrico a condición que se le entreguen todas las propiedades. Mi cliente no es incapaz ni loco, tiene dos maestrías y un doctorado en Londres, y estoy detenida por guardar el secreto profesional. No hay engaño a nadie, es más he señalado que el restante del dinero, se le va a entregar todo al señor”, manifestó.
Montaño es una conocida abogada en el foro paceño que patrocinó bullados casos que vincularon a políticos, exfuncionarios de alto nivel de Gobierno y otros particulares de relevancia pública.
“Espero no me noten quebrada, soy inocente, buena abogada, soy una persona solidaria, tengo la ética”, dijo la abogada María Teresa Montaño, cuando era traslada ayer de las celdas de la Felcc hacia la Fiscalía. (Erbol – EL DIARIO)
jueves, 21 de julio de 2016
Aprehenden a abogada Montaño por supuesto engaño a un anciano
La abogada María Teresa Montaño fue aprehendida hoy por orden de la Fiscalía por cometer un presunto delito de privación de libertad y engaño a una persona de 69 años recluida en el penal de San Pedro por una sentencia condenatoria.
El fiscal de Resolución Temprana, Bernardo Mamani, dio la orden en el marco de la investigación en base a la denuncia contra Montaño de parte del único hijo de la víctima, quien afirma que la abogada instó a su padre a firmar poderes para retirar alrededor de 30 mil dólares en dos partidas y vender una casa valuada en un millón de dólares frente al Club de Tenis de La Paz, de acuerdo a red Erbol.
El anciano fue sentenciado a tres años y medio de cárcel por el delito de estelionato y falsedad ideológica. La abogada, de acuerdo al hijo, le hizo firmar una declaración en la que se niega a salir de la cárcel para ser trasladado a una clínica especializada o a una casa de reposo, lo que confería poderes de disposición a Montaño sobre sus pertenencias.
Montaño reconoció que el anciano es su cliente y que le prestó dinero para la compra de una celda, frazadas y colchones cuando fue internado en San Pedro. Dijo tener cuatro poderes, con uno de los que cobró y pagó estos encargos.
"El que me está iniciando es su hijo a quien no ve hace 12 años ni lo quiere recibir en su celda (...). El hijo pidió que se interne a su padre en un psiquiátrico a condición que se le entreguen todas las propiedades. Mi cliente no es incapaz ni loco, tiene dos maestrías y un doctorado en Londres", manifestó la abogada que fue detenida ayer al medio día y pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Sede de Gobierno.
viernes, 8 de julio de 2016
Falso abogado es enviado a San Pedro
El juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Daniel Castillo, determinó la detención preventiva, en la cárcel de San Pedro, para Wilgen Helmuy C. M., denunciado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, de ejercer la profesión de abogado con un título falsificado.
“El suscrito juez noveno de Instrucción en lo Penal dispone la detención preventiva del imputado a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro donde debe ser conducido a la conclusión de este proceso a las 19.25 horas”, remarca la resolución del juez.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, informó que se encontraron “suficientes elementos de convicción” que determinan su participación en los delitos de ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
Precisó que los documentos cuestionados son el diploma y el Título en Provisión Nacional, supuestamente expedidos por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en 2004.
Según la investigación preliminar, Caspari Moreno se empadronó y obtuvo su credencial en el Registro Público de la Abogacía (RPA) utilizando un título falso, similar acción realizó en el Colegio de Abogados de La Paz.
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) certificó que no está registrado en la carrera de Derecho y mucho menos se extendió algún documento.
“El suscrito juez noveno de Instrucción en lo Penal dispone la detención preventiva del imputado a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro donde debe ser conducido a la conclusión de este proceso a las 19.25 horas”, remarca la resolución del juez.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, informó que se encontraron “suficientes elementos de convicción” que determinan su participación en los delitos de ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
Precisó que los documentos cuestionados son el diploma y el Título en Provisión Nacional, supuestamente expedidos por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en 2004.
Según la investigación preliminar, Caspari Moreno se empadronó y obtuvo su credencial en el Registro Público de la Abogacía (RPA) utilizando un título falso, similar acción realizó en el Colegio de Abogados de La Paz.
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) certificó que no está registrado en la carrera de Derecho y mucho menos se extendió algún documento.
miércoles, 6 de julio de 2016
viernes, 3 de junio de 2016
La ONU observa cinco vulneraciones en proceso contra el abogado León
El organismo internacional cuestionó las excusas presentadas por jueces de tres ciudades para conocer el caso y recomendó al Consejo de la Magistratura "proponer correctivos".
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia instó ayer al Gobierno a garantizar al abogado Eduardo León Arancibia su derecho al debido proceso.
En un comunicado de prensa, en el que no deja de referirse a León como abogado, la ONU advierte cinco vulneraciones, irregularidades y preocupaciones en el proceso en contra de quien fuera abogado de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, que tiene orden de detención en la cárcel de San Pedro, luego de 16 días de permanecer arrestado en celdas judiciales, según la agencia ANF.
En un comunicado, hizo un recuento de algunas irregularidades ocurridas desde la aprehensión de León el pasado 17 de mayo y recordó que "cualquier proceso sancionatorio debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso".
El organismo expresó preocupación por el "excesivo tiempo" en que el abogado estuvo detenido sin que se defina su situación jurídica. También, mencionó el hecho de que no se haya cumplido una orden judicial que determinó el arresto domiciliario del abogado bajo custodia policial, dentro del proceso que le inició el Gobierno de Evo Morales por supuesta trata de personas.
Estos hechos alargaron "arbitrariamente la permanencia" de León en celdas policiales, indicó el organismo y resaltó la importancia del cumplimiento "sin demora" de las órdenes judiciales emitidas.
León, que afronta acusaciones de los ministerios de Defensa, Educación, Justicia y Transparencia, fue hasta su detención defensor de la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata, que también está en prisión preventiva desde febrero pasado, acusada de varios delitos económicos.
CASO HIJO El abogado defendió a Zapata en un juicio iniciado por Morales para obligar a su expareja a presentar al hijo que tuvieron en 2007, ya que la mujer aseguraba que el menor estaba con vida y no había muerto tras nacer como sostenía el Mandatario.
Una jueza dictaminó que el hijo de Morales y Zapata no existe, lo que activó un juicio contra León y su defendida por el supuesto delito de trata de personas al haber supuestamente intentado engañar a la Justicia con la presentación de un menor como si fuera hijo de Morales.
Mientras León estuvo detenido por ese caso, los cuatro ministerios citados le iniciaron otros procesos por la supuesta falsificación de su libreta de servicio militar para tramitar luego su título de abogado.
Una jueza determinó el miércoles enviarlo a la cárcel de San Pedro de La Paz. Sus abogados informaron que apelarán la decisión, basados en un diagnóstico médico que señala que el jurista, que se ha declarado un "preso político" del Gobierno, padece problemas digestivos.
La defensa de Eduardo León presentó una acción de libertad que fue negada ayer por un tribunal, según la Fiscalía.
"La aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos", señaló en su comunicado, el organismo.
Título
El organismo cuestionó la decisión del Gobierno de anular el título profesional de León. Además expresó preocupación por su salud.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia instó ayer al Gobierno a garantizar al abogado Eduardo León Arancibia su derecho al debido proceso.
En un comunicado de prensa, en el que no deja de referirse a León como abogado, la ONU advierte cinco vulneraciones, irregularidades y preocupaciones en el proceso en contra de quien fuera abogado de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, que tiene orden de detención en la cárcel de San Pedro, luego de 16 días de permanecer arrestado en celdas judiciales, según la agencia ANF.
En un comunicado, hizo un recuento de algunas irregularidades ocurridas desde la aprehensión de León el pasado 17 de mayo y recordó que "cualquier proceso sancionatorio debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso".
El organismo expresó preocupación por el "excesivo tiempo" en que el abogado estuvo detenido sin que se defina su situación jurídica. También, mencionó el hecho de que no se haya cumplido una orden judicial que determinó el arresto domiciliario del abogado bajo custodia policial, dentro del proceso que le inició el Gobierno de Evo Morales por supuesta trata de personas.
Estos hechos alargaron "arbitrariamente la permanencia" de León en celdas policiales, indicó el organismo y resaltó la importancia del cumplimiento "sin demora" de las órdenes judiciales emitidas.
León, que afronta acusaciones de los ministerios de Defensa, Educación, Justicia y Transparencia, fue hasta su detención defensor de la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata, que también está en prisión preventiva desde febrero pasado, acusada de varios delitos económicos.
CASO HIJO El abogado defendió a Zapata en un juicio iniciado por Morales para obligar a su expareja a presentar al hijo que tuvieron en 2007, ya que la mujer aseguraba que el menor estaba con vida y no había muerto tras nacer como sostenía el Mandatario.
Una jueza dictaminó que el hijo de Morales y Zapata no existe, lo que activó un juicio contra León y su defendida por el supuesto delito de trata de personas al haber supuestamente intentado engañar a la Justicia con la presentación de un menor como si fuera hijo de Morales.
Mientras León estuvo detenido por ese caso, los cuatro ministerios citados le iniciaron otros procesos por la supuesta falsificación de su libreta de servicio militar para tramitar luego su título de abogado.
Una jueza determinó el miércoles enviarlo a la cárcel de San Pedro de La Paz. Sus abogados informaron que apelarán la decisión, basados en un diagnóstico médico que señala que el jurista, que se ha declarado un "preso político" del Gobierno, padece problemas digestivos.
La defensa de Eduardo León presentó una acción de libertad que fue negada ayer por un tribunal, según la Fiscalía.
"La aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos", señaló en su comunicado, el organismo.
Título
El organismo cuestionó la decisión del Gobierno de anular el título profesional de León. Además expresó preocupación por su salud.
viernes, 20 de mayo de 2016
Abogada va a la cárcel por estafar $us 100 mil en visas a tarateños
Al menos 10 personas oriundas de Tarata denunciaron que fueron estafadas por una abogada y un ciudadano extranjero que les prometieron visas para trabajar en Estados Unidos a cambio de miles de dólares, pero que no habrían cumplido luego de cobrar el dinero. La abogada Verónica Ch. B. fue aprehendida por las víctimas y ayer se sometió a una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Cautelar 5.
La autoridad judicial resolvió enviarla con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián, en tanto se profundiza la investigación en su contra, pues se estima que existen muchas más víctimas que no formalizaron denuncia aún porque todavía confían en que podrán recibir su visa. Los abogados de las víctimas, Rolando Ramos y Ariel Coro, explicaron que la abogada Verónica Ch.B. trabaja como tramitadora y en su oficina del edificio Pinto Palace les ofreció a sus clientes entregarles una visa de trabajo para Estados Unidos por un pago de 12.300 dólares.
La oferta incluía que un extranjero acompañaría a los viajeros hasta la ciudad de Virginia. En agosto de 2015 cayó la primera víctima que pagó el monto total fijado. Luego, otra mujer también de Tarata, buscó en septiembre a la abogada para solicitar el mismo trámite.
La noticia corrió y otros habitantes del Valle Alto entregaron montos que varían entre ocho mil y 12 mil dólares para asegurar la visa. El grupo conoció a Domingo Nina en la oficina de la abogada y éste les prometió garantizar el ingreso a Estados Unidos viajando junto a ellos. Él les pidió que depositen dinero a su cuenta bancaria porque le “había faltado” para la compra de los pasajes. Las víctimas incluso viajaron a La Paz para someterse a una entrevista que nunca se llevó a cabo. “Les dijeron que tenían contacto con un diputado para garantizar que las visas sean aprobadas y varias personas efectuaron depósitos en la cuenta de Domingo Nina también”, describió Coro. Ahora se sabe que Domingo Nina estuvo preso en el penal de El Abra hasta hace poco y sería especialista en falsificaciones.
“En el celular secuestrado a la abogada hay pruebas como los mensajes de texto que enviaba a las víctimas asegurando que el avión ya saldría y otros”, detallaron los abogados.
Más víctimas
Existirían más víctimas de esta pareja, pero no sentaron denuncia porque creen que las visas les llegarán.
La autoridad judicial resolvió enviarla con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián, en tanto se profundiza la investigación en su contra, pues se estima que existen muchas más víctimas que no formalizaron denuncia aún porque todavía confían en que podrán recibir su visa. Los abogados de las víctimas, Rolando Ramos y Ariel Coro, explicaron que la abogada Verónica Ch.B. trabaja como tramitadora y en su oficina del edificio Pinto Palace les ofreció a sus clientes entregarles una visa de trabajo para Estados Unidos por un pago de 12.300 dólares.
La oferta incluía que un extranjero acompañaría a los viajeros hasta la ciudad de Virginia. En agosto de 2015 cayó la primera víctima que pagó el monto total fijado. Luego, otra mujer también de Tarata, buscó en septiembre a la abogada para solicitar el mismo trámite.
La noticia corrió y otros habitantes del Valle Alto entregaron montos que varían entre ocho mil y 12 mil dólares para asegurar la visa. El grupo conoció a Domingo Nina en la oficina de la abogada y éste les prometió garantizar el ingreso a Estados Unidos viajando junto a ellos. Él les pidió que depositen dinero a su cuenta bancaria porque le “había faltado” para la compra de los pasajes. Las víctimas incluso viajaron a La Paz para someterse a una entrevista que nunca se llevó a cabo. “Les dijeron que tenían contacto con un diputado para garantizar que las visas sean aprobadas y varias personas efectuaron depósitos en la cuenta de Domingo Nina también”, describió Coro. Ahora se sabe que Domingo Nina estuvo preso en el penal de El Abra hasta hace poco y sería especialista en falsificaciones.
“En el celular secuestrado a la abogada hay pruebas como los mensajes de texto que enviaba a las víctimas asegurando que el avión ya saldría y otros”, detallaron los abogados.
Más víctimas
Existirían más víctimas de esta pareja, pero no sentaron denuncia porque creen que las visas les llegarán.
lunes, 4 de abril de 2016
Abogados Corruptos Marco Ayala Soria: Al Derecho Ambiental
En aspecto desconocido fuera del medio académico del Derecho Ambiental es que Marco Ayala, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha dedicado su carrera a esta especialidad de la abogacía. Cochabambino de nacimiento, Ayala interrumpió su carrera profesional abocada a esta rama del Derecho para asumir funciones en el Órgano Electoral Plurinacional en 2011. Tras el cambio de todos los miembros de la sala plena, proceso que no careció de polémica y estuvo marcado por una visibilización de primer plano en los medios de comunicación, volvió a su área de trabajo: temas ambientales desde el Derecho.
Como experto en la rama, asesoró a distintos ministerios relacionados al tema durante diferentes gobiernos entre 2003 y 2010. “El ejercicio profesional en las poco más de dos décadas que tengo como abogado se ha circunscrito en el campo del Derecho Ambiental y los recursos naturales”, cuenta.
Manifiesta que su trabajo durante gran parte de ese periodo de dos décadas se enfocó en lograr que el Derecho Ambiental sea reconocido en el ordenamiento jurídico boliviano. Hoy, ese reconocimiento ya está dado con el Tribunal Agroambiental, una instancia de máxima jerarquía del Órgano Judicial.
En la actualidad, reside en Santa Cruz y finaliza la redacción de dos libros: La regulación jurídica ambiental del agua y El derecho ambiental y el derecho a los recursos naturales en la Constitución Política. Los libros hablan de la regulación de recursos naturales, tomando en cuenta que la normativa ambiental en general está dispersa en una serie de leyes. “Igualmente, me encuentro en tareas relacionadas a la educación jurídica ambiental, en cursos específicos destinados a distintos profesionales, posgrados y la cátedra universitaria”, cuenta el exvocal.
Asimismo, se dedica a la difusión y socialización ambiental destinada a la población mediante la suma de esfuerzos coordinados por distintos actores de la sociedad civil. “Se trata de ir generando un conjunto de actuaciones que tengan que ver con mayor cantidad de motivación por parte de la población sobre las distintas preocupaciones ambientales”.
Estas actividades académicas habían sido dejadas en suspenso durante la vocalía en el TSE. En cuanto a su evaluación de la gestión en el Tribunal Supremo Electoral (2011-2015) considera que “la tarea de implementación de la democracia intercultural en Bolivia a través de diversas actividades y actores ha sido el elemento más importante”.
La anterior sala plena, a la que perteneció Ayala, terminó sus funciones en medio de críticas de los actores políticos oficialistas y opositores. Una crítica dura salió del ahora vocal José Luis Exeni, para quien incluso fueron “años perdidos”. Sobre aspectos negativos prefiere no emitir criterios. “No corresponde, sino más bien recordar los aportes y aspectos positivos dentro de una etapa que me tocó desarrollar”.
Ayala se sostiene en esta posición y al insistirle a que replique a las críticas expresa: “todo en la vida tiene un principio y un final, es una etapa de mi vida que concluyó. Además corresponde precautelar la libertad de expresión y cualquier actor puede pronunciarse sobre lo que le parece o no”.
Perfil
Nombre: Marco Ayala Soria
Nacimiento: 25-IX-1972
Profesión: Abogado
Especialidad: Derecho Ambiental
Carrera
Estudió en el Instituto Americano de Cochabamba y en la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un posgrado en Derecho Ambiental, campo en el que se desempeñó por dos décadas hasta que fue vocal del Tribunal Supremo Electoral.
lunes, 15 de febrero de 2016
Velasco: Abogados corruptos perderán registro para litigar
En el marco de una propuesta a ser considerada por la Cumbre Nacional de Justicia, los abogados que incurran en actos de corrupción perderán el registro que les autoriza litigar en el territorio nacional. Además, serán procesados en las instancias que correspondan, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
“Una de las iniciativas que vamos a presentar es que podrían perder definitivamente la matrícula para litigar, también los abogados que sean encontrados extorsionando, así como los jueces, fiscales y funcionarios tienen que ir a la cárcel”, manifestó en la capital orureña.
Adelantó que la propuesta a ser puesta a consideración de ese evento nacional del 15 y 16 de abril en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá las sanciones específicas en caso de que los profesionales abogados incurran en ilícitos graves “para que nunca más puedan ejercer su profesión”.
CUMBRE
En reiteradas oportunidades, la Ministra de Justicia explicó que la cumbre judicial se realizará sobre seis ejes: la designación de altas autoridades del Órgano Judicial; la retardación de justicia; el acceso a la justicia; la formación, ingreso, capacitación y control de servidores judiciales y profesionales abogados; política criminal y justicia penal, y lucha contra la corrupción en el sistema de justicia.
Asimismo, la resolución de la crisis judicial en el país es una prioridad para el Órgano Ejecutivo, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera.
Señaló que si bien desde el Gobierno se pensó en que la elección de autoridades solucionaría la crisis judicial, del cuoteo parlamentario se pasó al cuoteo de las organizaciones sociales.
Finalmente, dijo que en la cumbre deberá hallarse una tercera opción para transparentar y mejorar el manejo y administración de la justicia.
“Una de las iniciativas que vamos a presentar es que podrían perder definitivamente la matrícula para litigar, también los abogados que sean encontrados extorsionando, así como los jueces, fiscales y funcionarios tienen que ir a la cárcel”, manifestó en la capital orureña.
Adelantó que la propuesta a ser puesta a consideración de ese evento nacional del 15 y 16 de abril en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá las sanciones específicas en caso de que los profesionales abogados incurran en ilícitos graves “para que nunca más puedan ejercer su profesión”.
CUMBRE
En reiteradas oportunidades, la Ministra de Justicia explicó que la cumbre judicial se realizará sobre seis ejes: la designación de altas autoridades del Órgano Judicial; la retardación de justicia; el acceso a la justicia; la formación, ingreso, capacitación y control de servidores judiciales y profesionales abogados; política criminal y justicia penal, y lucha contra la corrupción en el sistema de justicia.
Asimismo, la resolución de la crisis judicial en el país es una prioridad para el Órgano Ejecutivo, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera.
Señaló que si bien desde el Gobierno se pensó en que la elección de autoridades solucionaría la crisis judicial, del cuoteo parlamentario se pasó al cuoteo de las organizaciones sociales.
Finalmente, dijo que en la cumbre deberá hallarse una tercera opción para transparentar y mejorar el manejo y administración de la justicia.
sábado, 13 de febrero de 2016
Denuncian a abogado por estafa de 600 mil dólares
A 600 mil dólares americanos asciende la cifra aproximada que un abogado, identificado como Juan Pablo A.F., logró sonsacar por la venta de unos terrenos que no eran de su propiedad, según una veintena de personas que fueron supuestamente estafadas por el profesional. El caso se remonta al pasado 2011, cuando el detenido convenció a un grupo de personas que se compraran terrenos desde 5, 10, 15, 20 y 35 mil dólares en distintos lugares de la ciudad. Sin embargo, indagando el origen de los terrenos vendidos llegaron a determinar que otros propietarios figuraban en las inscripciones en Derechos Reales.
Nunca se posesionaron. Rosalía Baldiviezo denunció que a diez miembros de su familia el abogado logró sacarles aproximadamente 120 mil dólares por la compra de 10 terrenos en el barrio Prosalud, ubicado en el 6to anillo de la avenida Santos Dumont, que nunca pudieron hacer posesión porque el verdadero dueño les mostró los documentos reales de propiedad. "No podemos recuperar nada, fue una estafa bien hecha con papeles supuestamente legales que tenían planos emitidos por topógrafos, sellos y firmas", lamentó la mujer.
Otro afectado que prefirió guardar su identidad dijo que su caso radica desde el 2013 cuando compró terrenos en el barrio El Bajío, ubicado en el 6to anillo de la avenida Moscú. Gastón Vallesteros, abogado de 21 afectados, dijo que ninguno de sus clientes ha podido recuperar un solo centavo del dinero entregado al estafador. Ayer, el juez Pablo Vargas determinó su reclusión en la cárcel por estafa agravada y otros.
Nunca se posesionaron. Rosalía Baldiviezo denunció que a diez miembros de su familia el abogado logró sacarles aproximadamente 120 mil dólares por la compra de 10 terrenos en el barrio Prosalud, ubicado en el 6to anillo de la avenida Santos Dumont, que nunca pudieron hacer posesión porque el verdadero dueño les mostró los documentos reales de propiedad. "No podemos recuperar nada, fue una estafa bien hecha con papeles supuestamente legales que tenían planos emitidos por topógrafos, sellos y firmas", lamentó la mujer.
Otro afectado que prefirió guardar su identidad dijo que su caso radica desde el 2013 cuando compró terrenos en el barrio El Bajío, ubicado en el 6to anillo de la avenida Moscú. Gastón Vallesteros, abogado de 21 afectados, dijo que ninguno de sus clientes ha podido recuperar un solo centavo del dinero entregado al estafador. Ayer, el juez Pablo Vargas determinó su reclusión en la cárcel por estafa agravada y otros.
martes, 5 de enero de 2016
El Gobierno identifica a cuatro consorcios ilegales de abogados
La Dirección de Régimen Interior identificó hasta cuatro consorcios de operadores de justicia y abogados de alcance nacional que incurren en actos de corrupción y manipulan los procesos judiciales a su conveniencia.
"Estos consorcios no figuran sólo en un departamento; la tramitación de justicia acaba en muchos casos en Sucre. Hasta ahora tenemos identificados tres o cuatro bien establecidos que tienen la participación de jueces, fiscales y en algunos casos de investigadores”, informó ayer el director de Régimen Interior, Gonzalo Suárez.
Las influencias que tienen estos grupos llegan a altas autoridades, sostuvo Suárez. "También tienen algunas influencias en los magistrados; hacen trámites con niveles de decisión más jerárquicos”, afirmó.
No precisó si este descubrimiento se debe al trabajo de la unidad de Inteligencia que se desplegó desde el Viceministerio de Régimen Interior, tras la difusión masiva de un video en el que se observó a dos jueces y una secretaria extorsionar a una mujer para reducir la pena de su hijo, acusado de violación.
La unidad nació con el propósito de encontrar "con las manos en la masa” en actos de corrupción a jueces, fiscales, policías o abogados.
A principios de diciembre del año pasado, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, reveló que en este departamento operan unos 23 consorcios de abogados y funcionarios judiciales.
Dijo que tenía una lista con los nombres de quienes integran estos grupos, elaborada a partir de las denuncias de la gente, pero que no la entregaría a las autoridades hasta estar seguro de que se conformará una comisión integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Transparencia y Gobierno para luchar contra estos delincuentes.
Suárez aseguró que Jiménez es "un profesional bien entendido en la norma”, por lo que debería estar consciente de que conocer de un acto delictivo y no denunciarlo es también un delito.
Después de la revelación de Jiménez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la existencia de estos consorcios no está en duda y que a su despacho también llegaron denuncias al respecto.
Suárez añadió que para atrapar a estos grupos es necesario investigar aún más. "Como prevé el Derecho, debemos tener la plena convicción de que se está cometiendo un ilícito”, dijo.
El video del juez
Extorsión En noviembre de 2015, los jueces anticorrupción José Barrientos, Jorge Viscarra, René Escóbar y la secretaria del tribunal, Micaela Alí, fueron encarcelados tras difundirse un video sobre el cobro de 3.000 dólares a una mujer a cambio de reducir la pena de su hijo, acusado de violación.
Respuesta El Ministerio de Gobierno desplegó una unidad de Inteligencia para investigar los actos de corrupción en los juzgados.
Cámaras Además del grupo de efectivos de Inteligencia se propuso instalar cámaras de vigilancia en los juzgados, idea cuestionada porque no representa una medida eficaz para acabar con la corrupción.
"Estos consorcios no figuran sólo en un departamento; la tramitación de justicia acaba en muchos casos en Sucre. Hasta ahora tenemos identificados tres o cuatro bien establecidos que tienen la participación de jueces, fiscales y en algunos casos de investigadores”, informó ayer el director de Régimen Interior, Gonzalo Suárez.
Las influencias que tienen estos grupos llegan a altas autoridades, sostuvo Suárez. "También tienen algunas influencias en los magistrados; hacen trámites con niveles de decisión más jerárquicos”, afirmó.
No precisó si este descubrimiento se debe al trabajo de la unidad de Inteligencia que se desplegó desde el Viceministerio de Régimen Interior, tras la difusión masiva de un video en el que se observó a dos jueces y una secretaria extorsionar a una mujer para reducir la pena de su hijo, acusado de violación.
La unidad nació con el propósito de encontrar "con las manos en la masa” en actos de corrupción a jueces, fiscales, policías o abogados.
A principios de diciembre del año pasado, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, reveló que en este departamento operan unos 23 consorcios de abogados y funcionarios judiciales.
Dijo que tenía una lista con los nombres de quienes integran estos grupos, elaborada a partir de las denuncias de la gente, pero que no la entregaría a las autoridades hasta estar seguro de que se conformará una comisión integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Transparencia y Gobierno para luchar contra estos delincuentes.
Suárez aseguró que Jiménez es "un profesional bien entendido en la norma”, por lo que debería estar consciente de que conocer de un acto delictivo y no denunciarlo es también un delito.
Después de la revelación de Jiménez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la existencia de estos consorcios no está en duda y que a su despacho también llegaron denuncias al respecto.
Suárez añadió que para atrapar a estos grupos es necesario investigar aún más. "Como prevé el Derecho, debemos tener la plena convicción de que se está cometiendo un ilícito”, dijo.
El video del juez
Extorsión En noviembre de 2015, los jueces anticorrupción José Barrientos, Jorge Viscarra, René Escóbar y la secretaria del tribunal, Micaela Alí, fueron encarcelados tras difundirse un video sobre el cobro de 3.000 dólares a una mujer a cambio de reducir la pena de su hijo, acusado de violación.
Respuesta El Ministerio de Gobierno desplegó una unidad de Inteligencia para investigar los actos de corrupción en los juzgados.
Cámaras Además del grupo de efectivos de Inteligencia se propuso instalar cámaras de vigilancia en los juzgados, idea cuestionada porque no representa una medida eficaz para acabar con la corrupción.
miércoles, 30 de diciembre de 2015
Hay 1.000 abogados corruptos dice el presidente de ICALP
Raúl Jiménez, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) denunció que hay 1.000 abogados identificados e involucrados en actos de corrupción que dañan la imagen de los operadores de justicia.
Jiménez, quien entregó el martes al presidente Evo Morales un análisis jurídico que establece la legalidad de la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), que permitirá la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, declaró que “hay 1.000 abogados que han utilizado la profesión para enriquecerse y que afectan a 34.000 profesionales idóneos que tiene el ICALP.
“Hemos descubiertos que hay 30 en La Paz, 30 en Santa Cruz, otros 30 en Cochabamba y números menores en otras regiones, como Sucre y otros que ya han sido denunciados y sancionados por los entes colegiados”.
Jiménez afirmó que varios fueron ya suspendidos con cuatro meses, hasta un año de sus funciones y tienen antecedes que pueden ser remitidos al Ministerio Público para un proceso por la vía penal.
CONSORCIOS. El presidente del ICALP declaró que son este millar de abogados los que conforman los consorcios con jueces y fiscales que dañan a los litigantes y profesionales abogados que son señalados de corruptos.
Jiménez, quien entregó el martes al presidente Evo Morales un análisis jurídico que establece la legalidad de la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), que permitirá la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, declaró que “hay 1.000 abogados que han utilizado la profesión para enriquecerse y que afectan a 34.000 profesionales idóneos que tiene el ICALP.
“Hemos descubiertos que hay 30 en La Paz, 30 en Santa Cruz, otros 30 en Cochabamba y números menores en otras regiones, como Sucre y otros que ya han sido denunciados y sancionados por los entes colegiados”.
Jiménez afirmó que varios fueron ya suspendidos con cuatro meses, hasta un año de sus funciones y tienen antecedes que pueden ser remitidos al Ministerio Público para un proceso por la vía penal.
CONSORCIOS. El presidente del ICALP declaró que son este millar de abogados los que conforman los consorcios con jueces y fiscales que dañan a los litigantes y profesionales abogados que son señalados de corruptos.
jueves, 10 de diciembre de 2015
Detienen a abogada por calumniar a Fiscal
La abogada Roxana Paz Chauca fue detenida ayer por presunta calumnia al fiscal Harold Jarandilla a quien acusó de obstaculizar un proceso judicial.
La información fue dada a conocer por el propio fiscal Jarandilla quien aseguró que la abogada detenida habría intentado presionar a la investigadora de un caso de despojo de inmuebles a una persona de la tercera edad.
“Esta persona, como pudieron evidenciar los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), directamente llegó a increparme junto con cuatro personas, en plena calle, aspecto que fue identificado por la Policía que realiza la detención de la persona responsable de este hecho público”, aclaró Jarandilla.
Según el informe policial Nº 5521/10/15, la abogada declaró que supuestamente la investigadora del caso no quiso recibir la documentación y que no querría remitir el cuaderno de investigaciones.
Sin embargo, en el documento se establece también que “al promediar las 11:45 la abogada de los acusados por despojo a personas de la tercera edad (…..), de manera prepotente y amedrentando a la investigadora, grabando con su celular, quiso inducir a que admita y manifieste en contra del fiscal Harold Jarandilla. La abogada se presentó y empezó a mellar mi dignidad vociferando una serie de iniquidades contra mi persona, pese a la presencia de litigantes quienes se encontraban en dependencias (…) indicó que mi persona estaría retardando el proceso en contra de su cliente quien está en el penal de San Pedro”.
CASO
Este hecho fue registrado debido a que el fiscal atiende el caso 5521/14, donde la señora Romualda López Vda. de Chavarría y Claudia Chungara presentaron denuncia contra Adolfo Chavarría, Jenny Lourdes Mendoza y José Chavarría por el presunto delito de violencia familiar o doméstica solicitando al Ministerio Público medidas de protección en resguardo de sus derechos constitucionales y la integridad física. La víctima es una persona de la tercera edad, quien habría sido desalojada por la fuerza por las personas anteriormente señaladas quienes incluso no le habrían permitido sacar del inmueble sus medicamentos prescritos.
Razón por la que se solicitó la restitución de su departamento en la zona Ciudad Satélite de forma inmediata, además de la otorgación de garantías de parte de los encausados a favor de la personas de la tercera edad.
Conforme al caso, Romualda López, como supuesta víctima de violencia intrafamiliar y despojo ilegal, en sus declaraciones señaló: “Después de que murió mi esposo, me trataban como portera, sirvienta, yo viví en la casa de mi suegro, él nos vendió el departamento y por eso me han agredido, me jalaron de los cabellos, me han golpeado y no querían que saque mi insulina”, detalla el informe.
ABOGADA
Por su parte, la abogada Roxana Paz aseguró que uno de sus clientes habría sido extorsionado por Jarandilla para que éste le favorezca en una audiencia de cesación de detención preventiva por supuesta violencia psicológica en contra de una mujer exigiendo, presuntamente, el pago de mil dólares.
“Mi cliente perdió su casa cuando estaba fuera del país porque su cuñada transfirió la casa a su nombre, pero ella ha falsificado los documentos y por eso ha logrado tener la casa”, explicó la jurista a la Red Erbol.
MENSAJES
Por otra parte, se denunció que en horas de la tarde diferentes mensajes por vía celular a periodistas, tanto en El Alto como en La Paz, informaron de una supuesta aprehensión al fiscal Jarandilla, donde incluso se acusó a la autoridad de haber escapado de la misma, sin embargo, todo esto fue descartado de forma posterior.
La información fue dada a conocer por el propio fiscal Jarandilla quien aseguró que la abogada detenida habría intentado presionar a la investigadora de un caso de despojo de inmuebles a una persona de la tercera edad.
“Esta persona, como pudieron evidenciar los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), directamente llegó a increparme junto con cuatro personas, en plena calle, aspecto que fue identificado por la Policía que realiza la detención de la persona responsable de este hecho público”, aclaró Jarandilla.
Según el informe policial Nº 5521/10/15, la abogada declaró que supuestamente la investigadora del caso no quiso recibir la documentación y que no querría remitir el cuaderno de investigaciones.
Sin embargo, en el documento se establece también que “al promediar las 11:45 la abogada de los acusados por despojo a personas de la tercera edad (…..), de manera prepotente y amedrentando a la investigadora, grabando con su celular, quiso inducir a que admita y manifieste en contra del fiscal Harold Jarandilla. La abogada se presentó y empezó a mellar mi dignidad vociferando una serie de iniquidades contra mi persona, pese a la presencia de litigantes quienes se encontraban en dependencias (…) indicó que mi persona estaría retardando el proceso en contra de su cliente quien está en el penal de San Pedro”.
CASO
Este hecho fue registrado debido a que el fiscal atiende el caso 5521/14, donde la señora Romualda López Vda. de Chavarría y Claudia Chungara presentaron denuncia contra Adolfo Chavarría, Jenny Lourdes Mendoza y José Chavarría por el presunto delito de violencia familiar o doméstica solicitando al Ministerio Público medidas de protección en resguardo de sus derechos constitucionales y la integridad física. La víctima es una persona de la tercera edad, quien habría sido desalojada por la fuerza por las personas anteriormente señaladas quienes incluso no le habrían permitido sacar del inmueble sus medicamentos prescritos.
Razón por la que se solicitó la restitución de su departamento en la zona Ciudad Satélite de forma inmediata, además de la otorgación de garantías de parte de los encausados a favor de la personas de la tercera edad.
Conforme al caso, Romualda López, como supuesta víctima de violencia intrafamiliar y despojo ilegal, en sus declaraciones señaló: “Después de que murió mi esposo, me trataban como portera, sirvienta, yo viví en la casa de mi suegro, él nos vendió el departamento y por eso me han agredido, me jalaron de los cabellos, me han golpeado y no querían que saque mi insulina”, detalla el informe.
ABOGADA
Por su parte, la abogada Roxana Paz aseguró que uno de sus clientes habría sido extorsionado por Jarandilla para que éste le favorezca en una audiencia de cesación de detención preventiva por supuesta violencia psicológica en contra de una mujer exigiendo, presuntamente, el pago de mil dólares.
“Mi cliente perdió su casa cuando estaba fuera del país porque su cuñada transfirió la casa a su nombre, pero ella ha falsificado los documentos y por eso ha logrado tener la casa”, explicó la jurista a la Red Erbol.
MENSAJES
Por otra parte, se denunció que en horas de la tarde diferentes mensajes por vía celular a periodistas, tanto en El Alto como en La Paz, informaron de una supuesta aprehensión al fiscal Jarandilla, donde incluso se acusó a la autoridad de haber escapado de la misma, sin embargo, todo esto fue descartado de forma posterior.
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