Dos abogados imputados por la comisión del presunto delito de estafa y falsificación de documentos privados, como ser certificados de conducta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para realizar el trámite de extensión de cédulas de identidad, lograron modificar sus medidas cautelares de detención preventiva en el Penal de Morros Blancos, con la presentación semanal en el Ministerio Público.
La fiscal asignada al caso y a la investigación, Rocío Ortiz Abán explicó que en la audiencia de cesación de la detención preventiva la defensa de los dos imputados presentó varios documentos y pruebas nuevas, conforme al artículo 239 y el juez cautelar Primero de Instrucción en Materia Penal, Walter Chumacero valoró que los nuevos elementos correspondían a otorgar medidas sustitutivas de acuerdo al artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, al disminuirse los peligros procesales.
“Entre las medidas sustitutivas que
ha dispuesto el juez, es que en primer término deben presentarse cada viernes a la Fiscalía y obrar una fianza de 7 mil bolivianos cada uno y no se deben acercar a ninguna repartición de la Policía ni del Servicio General de Identificación Personal (Segip)”.
Dentro de los peligros procesales, la Fiscalía observó que no existía la intención de resarcir el daño económico al Estado, pero en esta audiencia la defensa de los imputados solicitó al Ministerio Público que se realice una audiencia de conciliación, aunque la FELCN no se hizo presente, manifestando que no pueden conciliar, debido a que dependen del Estado.
Según la fiscal, el juez dijo que el hecho de que se haya presentado un memorial solicitando la conciliación, no significa que se va a extinguir la acción por reparación integral del daño, sino que sirve para demostrar que sí tienen la intención de resarcir el daño.
La investigación prosigue, por lo que dentro del delito contra la fe pública por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, se realiza la apertura de las computadoras que tenían los abogados en sus despachos, el acto fue señalado por el juez para el 24 de abril.
“De ahí vamos a poder hacer las pericias para verificar si los documentos son falsos o no y la declaración de testigos, entre los cuales se encuentran funcionarios policiales”.
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