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sábado, 18 de febrero de 2017

Entrevista a Gabriela Zapata Abogado León pide a ATB derecho a réplica

Tras conocerse que Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, brindará una entrevista exclusiva a la red ATB, el abogado Eduardo León solicitó este viernes un espacio televisivo al mismo canal para ejercer su derecho a la contraparte.

“El objeto de dirigirme a ustedes es con el propósito de solicitarles dentro del derecho a la réplica (parte-contraparte), ante la entrevista que vienen promoviendo de la sra. Gabriela Zapata Montaño en su medio televisivo, puedan darme el derecho a la contraparte en el mismo espacio así como por el mismo tiempo que se ha otorgado a la nombrada ciudadana”, cita la carta que envió León a la cadena televisiva.

En pasados días, ATB procedió a publicitar a través de su medio y de las redes sociales una entrevista exclusiva con Zapata desde el penal de Miraflores, trabajo que presentarán este domingo 19 de febrero y que en su adelanto muestra a la expareja de Morales con la intención de “aclarar al país por qué ha sido utilizada”.

Cabe mencionar que dicha producción se emitirá antes del 21 de febrero, fecha en la que se tiene previsto movilizaciones sociales en desagravio y apoyo al resultado del referéndum que esa fecha se celebró en 2016. Tal situación fue criticada por políticos de la oposición que señalaron que se trata de una estrategia para justificar un nuevo referéndum.

La mujer acusó a sus exabogados y en particular a Eduardo León de planear la “estrategia” sobre el supuesto hijo del presidente Morales, que una juez determinó su inexistencia. (ANF)

martes, 14 de febrero de 2017

Murió el abogado Guido Colque a causa de un infarto



El abogado Guido Colque, que defendía a la exfuncionaria de Aasana, Celia Castedo, murió a las 20:00 de un fulminante paro cardiaco cuando participaba de una audiencia en el módulo del Plan Tres Mil defendiendo a un cliente.

“Fue lamentable, en ese momento no había ni un botiquín en el módulo para prestarle auxilio, es muy triste, dijo el jurista Otto Ritter. Los primeros días de enero Colque viajó a Corumbá-Brasil, como defensor de Celia Castedo y participó en una entrevista exclusiva que su clienta ofreció a la Red O Globo y diario EL DEBER sobre el caso LaMia.


Hace dos años fue candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano y la Falange Socialista Boliviana. Durante algún tiempo Colque defendió a procesados en el caso Terrorismo. Hay pesar en el Colegio de Abogados y sus familiares


martes, 17 de enero de 2017

ICAP solicita a la Fiscalía investigar a falsos abogados

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP), Edwin Aguayo, solicitó al Ministerio Público iniciar la investigación contra personas que ejercer la abogacía de manera ilegal en la Villa Imperial.

Lamentó que haya personas dedicadas a esta actividad que engañan a los litigantes sabiendo que sus actos pueden dar nulos de pleno derecho en cualquier caso que atiendan.

"La noble profesión de la abogacía cada vez es menoscabada por sujetos que están en función pública metidos en corrupción o tienen títulos falsos, lamentablemente, este último acá en Potosí, ha empezado a surgir una especie de quejas diarias de supuestos abogados que inclusive están utilizando el número de matrícula de otros abogados", afirmó.

Aguayo de esa forma alertó a la población potosina y recomendó a los litigantes que, al momento de contratar los servicios de algún profesional, exija el número de matricula del abogado y verifique su autenticidad en el Colegio de Abogados para evitar futuras complicaciones en su caso.

"No vaya hacer que algún trámite pueda estar tachada de nulidad porque ese profesional no es idóneo porque no cumple los requisitos que corresponden", complementó.

No obstante, pidió que cualquier persona puede denunciar si alguien ejerce la profesión de manera ilegal, ya sea al Colegio de Abogados o al Ministerio Público para que inicie la investigación respectiva.

viernes, 13 de enero de 2017

Recuperaron Bs 370 mil de anticipos por trámites Imputaron a 18 falsos abogados en 2016

Gari Romero, director del Registro Público de Abogados (RPA), informó que esta dirección recibe un promedio de siete denuncias por semana contra abogados y falsos profesionales, además, dentro de los procesos de conciliación, en la gestión 2016, se logró recuperar 370.000 bolivianos en favor de las víctimas y se imputó a 18 falsos abogados.

La autoridad señaló que a las oficinas del RPA, la recurrencia de denuncias se da de dos a tres, día por medio, con la retención de dinero o la negativa a la devolución de documentos por parte de los abogados.

“Por lo general, las denuncias se dieron por el tema de pago de adelantos (dinero) que los clientes entregaban a los abogados para que estos entreguen o realicen algún tipo de trámite”, afirmó Romero.

Según los datos, los montos que estos malos abogaban se apropiaban por trámites que no realizaban fueron desde 100 bolivianos a 12.000 dólares.

En este sentido, el trabajo que realizó el Ministerio de Justicia consistió en la conciliación, es decir que convocó a ambas partes y en la medida de no causar más perjuicios a las víctimas se logró en, al menos, 70 casos, la devolución del dinero.

Consultado de por qué no se tomó otro tipo de acciones legales contra los abogados que se aprovecharon de la necesidad de sus clientes, Romero explicó que esto se debió primero a los acuerdos entre partes y luego a que en su mayoría las personas afectadas al ver restituido su dinero presentaron desistimientos a las denuncias.

miércoles, 11 de enero de 2017

Multarán con hasta Bs 3.610 a los abogados que falten a audiencias

Mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales propone que la inasistencia injustificada de los abogados a un determinado acto procesal sea castigada con multa de hasta 3.610 bolivianos. Esa sanción será impuesta por la autoridad judicial que atienda la causa. Y, ante la inasistencia por dos veces consecutivas del representante, se establece que la autoridad designe de inmediato a un abogado de oficio.

La propuesta está en uno de los cuatro proyectos de ley que el Mandatario envió a la Asamblea para promover cambios en el sistema judicial del país, tras la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el 10 y 11 de junio del año pasado en Sucre. El documento, en manos de la Cámara de Diputados, introduce un artículo a la Ley 025 del Órgano Judicial que dispone que “las autoridades judiciales, durante las actuaciones procesales podrán imponer sanciones a las y los abogados y a las partes para el correcto desarrollo del proceso” en casos determinados.

El anteproyecto especifica que la inasistencia injustificada a un acto procesal será sancionada con multas pecuniarias de hasta dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale a 3.610 bolivianos tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.805 bolivianos. “En caso de inasistencia injustificada por dos veces consecutivas de la abogada o abogado a algún actuado procesal, la autoridad judicial de forma inmediata designará abogada o abogado de oficio”, se lee en el texto.

Según la propuesta, la sanción también se aplicará a quienes agredan verbalmente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las partes o presentes en un acto procesal; que usen expresiones agraviantes o difamatorias en un escrito o actuado procesal; que realicen citas doctrinales o jurisprudenciales falsas; y que obstaculicen el desarrollo del proceso “de forma maliciosa”. El artículo adicional propuesto para la Ley 025 establece que se castigue con hasta ocho horas de arresto a los juristas y a las partes que agredan físicamente a la autoridad judicial, a los servidores judiciales o a las otras partes o personas presentes en el acto procesal; y que asistan a un actuado procesal en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias controladas.



SUSPENSIÓN Por otro lado, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, endureciendo las sanciones para los abogados en proporción a la gravedad de las infracciones tipificadas, incrementando las multas económicas y la suspensión en el ejercicio de la profesión “no solo con el fin punitivo, sino más bien con un propósito intimidatorio, que no permite la reincidencia de faltas a la ética profesional ni la deslealtad al patrocinado”.

En ese sentido, la propuesta fija para las faltas gravísimas una suspensión de dos a cinco años y multa de diez salarios mínimos (18.050 bolivianos). Introduce además la cesación temporal de funciones de seis a 10 años para la reincidencia de una infracción gravísima cometida dentro de los 365 días de cumplida la primera sanción.

Para las faltas graves, en el proyecto se mantiene la suspensión de uno a doce meses, pero se incrementa la sanción económica a un pago de siete a 12 salarios mínimos (hasta 21.660 bolivianos), cuando al momento el castigo es de dos a seis salarios mínimos (hasta 10.830 bolivianos).

Para las faltas leves, el proyecto dispone multas de dos a seis salarios mínimos, endureciendo la disposición vigente que establece una llamada de atención y la multa de un salario mínimo.

sábado, 7 de enero de 2017

Cobraban Bs 25 mil con documentos falsificados



Una abogada y su cliente fueron detenidos ayer por intentar cobrar una orden de restitución judicial de 25 mil bolivianos con un documento falsificado, informó el encargado distrital de Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia.

El funcionario explicó que los ahora detenidos habrían falsificado un certificado de depósito judicial en mayo de 2014 para hacer figurar el depósito de 25 mil bolivianos por una fianza que debía pagar Gualberto A., acusado de violación.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Sacaba determinó la devolución del monto, por lo que el acusado y su abogada trataron de cobrarlo con un documento fraguado, pero la funcionaria de la caja se percató y ambos fueron detenidos en flagrancia.

Los detenidos están acusados por uso de instrumento falsificado y se podría ampliar a falsedad ideológica y material. Hoy se realizará la audiencia de medidas cautelares.

Arancibia indicó que se presume que puede existir una red de falsificadores, en la que pueden estar implicados funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia. “Nos han indicado que hay algunos casos similares que se han registrado el año pasado”, dijo.

jueves, 5 de enero de 2017

Abogados de Chuquisaca y Santa Cruz rechazan anuncios de cambios a CPE

Representantes de los colegios de abogados de Chuquisaca y Santa Cruz rechazaron ayer la intención del Gobierno de realizar cambios a la Constitución Política del Estado (CPE) para implementar la cadena perpetua y, además, porque la Carta Magna es nueva tal es así que aún hay artículos que hasta la fecha no se pusieron en práctica a través de la elaboración de leyes.

“No es posible abrir la Constitución por varias razones: primero porque es una Constitución joven, es una Constitución que no tiene ni diez años de vida, es una Constitución que ni siquiera ha terminado de implementarse, muchas leyes en desarrollo (de los artículos) de la Constitución aún no han salido. No se puede cambiar una Constitución de un día para otros de acuerdo a los intereses políticos de las personas”, declaró a EL DIARIO la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame.

De la misma manera, manifestó que en la coyuntura actual del país donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso en la agenda mediática el tema de la repostulación del presidente Evo Morales a un posible cuarto mandato, no es pertinente abrir la Carta Magna para modificar cualquier artículo relativo a cualquier tema ya que directamente se involucra un matiz político.

“Abrir en este momento la Constitución para cualquier artículo daría lugar a que se haga un manejo político de la modificación de la Constitución, cosa que no es posible porque el ciudadano no merece ser sometido nuevamente a una situación como esa”, afirmó Salame.

La jurista criticó la postura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien respaldó la posibilidad de abrir la CPE.

“En este caso en Bolivia no tenemos otra alternativa sino de que la Constitución debe abrirse, consultar al pueblo y cambiar para lograr una justicia revolucionaria y estructural al servicio del pueblo”, dijo Mamani en su discurso en la inauguración del año judicial, donde también expresó su “admiración” por el presidente Evo Morales.

“Somos reacios a que se abra la Constitución”, insistió Salame, al sostener que la posición de Mamani fue “vaga” e imprecisa porque no argumentó las razones de su planteamiento.

SANTA CRUZ

El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola Weise, rechazó también las intenciones de cambios constitucionales para implementar la pena de cadena perpetua como máxima sanción contra violadores y asesinos de niños. El argumento del jurista es que este paso significaría para el sistema judicial boliviano, un retroceso ante los avances en materia de justicia que se presentan en otros países.

“No compartimos este debate porque consideramos que en el mundo ya los criterios técnicos científicos no están dirigidos a endurecer las penas, más por el contrario, se debe hacer una reflexión sobre el sistema penal sobre el sistema penal boliviano y si este está funcionando o en qué está fallando. Si plantean el debate de la cadena perpetua en Bolivia, el Estado estaría reconociendo su fracaso de lucha contra algún tipo de acto delictivo”, afirmó Arrázola.

De la misma forma, afirmó que Bolivia como Estado se encuentra sujeta a tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos.