Los abogados rechazan injerencia del Gobierno

Injerencia y abuso de poder. Coinciden dos expresidentes del Colegio Departamental de Abogados de Santa Cruz que rechazan las amenazas de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, de sancionar con multas económicas a los que no se registren en esa repartición gubernamental. La ministra dio como plazo hasta el 9 de julio para que los juristas se inscriban, tras indicar que es una obligación de los profesionales del derecho, ya que registrarse en los colegios es voluntario. Declaraciones hechas a una agencia, dentro de lo que significa la puesta en vigencia de la Ley de la Abogacía, considerada inconstitucional por las exautoridades colegiadas.

Multas son un abuso. El expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, afirmó que las amenazas de multa de la ministra es un abuso de autoridad. "Si bien hay un registro público administrado por el Ministerio de Justicia, donde la norma prevé para registrarse dos años y se cumple el 9 de julio, pero en ningún momento prevé una sanción", manifestó. Aclaró que la ley también establece, que el control del ejercicio profesional, lo puede hacer la cartera ministerial o los colegios, dejando en libertad a los profesionales abogados de registrarse en cualquiera de las dos instancias. Dijo que no corresponde a una autoridad gubernamental amenazar a los juristas, cuando más bien debe dar facilidades, a pesar de que la Ley de la Abogacía vulnera la CPE.

Cercenan derechos. Fernando Cuéllar, expresidente del colegiado de juristas cruceños, refuta la normativa porque cercena los derechos de los colegios departamentales. Advirtió que la intención es dar al grupo de abogados masistas "que no pudieron tomar por la vía democrática, facultades para formar asociaciones".

Dijo que cuando era autoridad en la institución colegiada, se presentaron recursos de inconstitucionalidad del Decreto 100, que después lo convirtieron en ley. Remarcó que es un atentado a la libertad de asociación, porque el Gobierno crea unos organismos de control como el Tribunal de Ética, donde están habilitados para sancionar a cualquier abogado.