Impulsan registro de abogados y de los procesos del Estado

Con el propósito de eliminar la corrupción y la burocracia, representantes de la Procuraduría, del Ministerio de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y del Segip suscribieron ayer un acuerdo interinstitucional para poner en marcha el Registro de Abogados del Estado (RAE) y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE).
El procurador Héctor Arce, la ministra de Justicia Virginia Velasco y el director del Servicio General de Identificación Personal, Marco Antonio Cuba, suscribieron el acuerdo en el hall de la Vicepresidencia del Estado.
Se trata de consolidar una base de datos actualizada de los profesionales abogados en el ejercicio de la función pública, y de un registro sobre los avances en los procesos jurídicos que se impulsan desde las distintas instancias del Estado.

programa de registro
Se conoció que hasta el primer semestre de 2016 se concluirá con el programa de registro obligatorio de los procesos del Estado, así como de los juristas que trabajan en las distintas instancias de la administración pública del territorio nacional.
“En seis meses van a empezar estos registros, y en el plazo de un año en teoría vamos a tener registrados a todos los abogados y los procesos del Estado para el inicio de la labor de seguimiento, de supervisión y de evaluación en el trabajo de las unidades jurídicas y de los profesionales en los tres sistemas de Gobierno, el central, departamental y municipal”, manifestó el Procurador General.
En el caso del RAE, Arce explicó que todas las unidades de recursos humanos estarán obligadas de registrar en la plataforma web, a ser creada; las mismas que establecen procedimientos como el llenado de un formulario de compromiso de ética, en la que se asume la responsabilidad de defender los intereses del Estado con honestidad dentro de los marcos de la ética profesional y la eficiencia.

procesos del estado
En tanto que el Registro Obligatorio de Procesos del Estado es una plataforma web por el que las instituciones, entidades y empresas de la administración pública, a través de sus unidades jurídicas, deben registrar obligatoriamente todos los procesos judiciales en los que el Estado sea parte.
Arce señaló que la decisión fue asumida para evitar que algunos abogados que son retirados con procesos de cualquier institución vuelvan a ocupar cargos en tanto no aclaren su situación jurídica.
“Es un tema que amerita un seguimiento, es por eso que nos hemos dado a la tarea de buscar las mejores fórmulas para que la ética y la moral sean siempre el eje central que articule la conducta de los profesionales”, concluyó el Procurador.