El juez Aníbal Miranda, quien calificó en 464 mil dólares (cuando correspondían $us 46 mil) el honorario del abogado Waldo Molina Gutiérrez por patrocinar a aportantes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), enfrenta desde 2010 un proceso penal por los presuntos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, que aún espera la asignación de un fiscal, según una alta fuente judicial consultada por Página Siete.
La sobrevaluación de los honorarios fue denunciada por el periodista Rogelio Peláez en el periódico mensual LargaVista, lo que originó que el abogado Molina Gutiérrez, quien es esposo de la abogada Mary Carrasco, le siga un proceso judicial que terminó hace dos semanas con una sentencia judicial en contra del director del medio con dos años y seis meses de reclusión en el penal de San Pedro. La fuente consultada por Página Siete coincidió plenamente con la versión expresada por el periodista en su publicación de 2010.
Explicó que “gracias a la ilícita conducta en la que incurrió el juez Miranda al calificar los honorarios de Molina al margen de toda normativa, quizás con el afán de beneficiarlo, él cobró 464.469,30 dólares bajo concepto de honorarios profesionales, ocasionando con ello un daño económico al Estado y un grave perjuicio a las víctimas”.
“El proceso penal que se ha iniciado por los hechos antes señalados contra el juez Miranda por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, con el N° 2233/2010 y IANUS 201015613, actualmente está pendiente de asignación de un fiscal que pueda continuar las investigaciones”, precisó la fuente.
Por los malos manejos del FOCSSAP, el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) inició un proceso penal contra su director, Dante Escóbar, que acabó con una sentencia condenatoria, y el juez Miranda calificó un daño económico de 21.996.618,38 dólares, explicó la fuente.
En ese proceso participaron más de 759 víctimas. Waldo Molina, según la fuente, se encargó de patrocinar a unas 74 personas, “algunas de ellas le dieron poder para que pueda representarlos dentro del proceso”.
Luego de ganar, Molina pidió al juez Miranda que disponga la regulación de honorarios en un 10% y 15% sobre el monto total calificado como responsabilidad civil por parte del FREP y por un 5% sobre lo que correspondía a las víctimas como abogado apoderado.
A esa solicitud el juez, “de manera sospechosa y oficiosa, el 13 de noviembre de 2008, reguló honorarios profesionales a favor de Molina por la suma de 3.283.798 bolivianos ($us 464.469,30), equivalente al 10% del monto total calificado al FREP (Bs 32 millones)”.
Señaló que debía calificar los honorarios sobre 3.347.177,33 bolivianos, el monto neto recuperado en su proceso. Así, el honorario que le correspondía no pasaba de los 328 mil bolivianos (46.000 dólares).
Una carta del periodista Rogelio Peláez
Carta Rogelio Peláez envió el 19 de marzo una carta al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en la que le exhorta a “fiscalizar el pago de honorarios profesionales ordenado por el entonces juez Aníbal Vicente Miranta Balboa y el monto cobrado por Waldo Molina, abogado patrocinante de 285 ex aportantes.
Alegatos En la misiva, conmina a la autoridad a establecer el tráfico de influencias en este caso judicial; indica que el “abuso de poder de la derecha y de la izquierda corrompió la democracia”, y señala que “la corrupción institucionalizada en nuestro país y en el mundo ha penalizado a la verdad encontrada con honestidad...”.
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