La instauración de un proceso penal contra una jueza y una abogada defensora de los derechos humanos por parte del Ministerio Público y la renuncia colectiva que plantearon seis jueces cautelares de Cochabamba fueron el detonante para que el Colegio de Abogados de Cochabamba lance ayer duras críticas sobre el sistema judicial nacional.
El presidente de los colegiados José Antonio Rivera aseguró que existe injerencia política con el objetivo de amedrentar a jueces, “por parte de quienes hoy detentan el poder político del Estado”.
Dijo también que se trata simplemente de dos ejemplos que reflejan un atentado contra la independencia de los jueces y de la presión política que se ejerce sobre ellos, así como sobre otros abogados.
Señaló que las acciones del Ministerio Público contra la jueza cautelar Ninfa García por prevaricato y acciones contrarias a la Constitución; contra la Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer Julieta Montaño por uso indebido de influencias; y las que pesan sobre una abogada defensora, las tres por el caso Elfec, son parte de una inadmisible persecución con la intención de amedrentar y limitar sus acciones, “desplegando una represión a quienes piensen distinto al esquema gubernamental”.
Por su parte, Montaño afirmó que su imputación es un globo de ensayo. “Pueden estar seguros de que ni las dictaduras me amedrentaron, menos lo hará una fiscal, que no tuvo ni el valor de dar la cara cuando fui a prestar declaraciones”, dijo ayer en conferencia de prensa.
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