La Procuraduría General desarrolla dos sistemas informáticos en plataformas web para controlar a los abogados que trabajan para el Estado, así como los procesos judiciales que se llevan en defensa de los intereses del país, ya sea a nivel central, de gobernaciones o de alcaldías.
El objetivo principal de estos sistemas, desarrollados con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es luchar contra la corrupción, la burocracia y la falta de ética que se detectó en el manejo de los casos en los que el Estado se ve involucrado.
El primer sistema se denomina Registro de Abogados del Estado (RAE). En él deberán figurar todos los juristas que prestan asesoramiento técnico jurídico en las instituciones, entidades y empresas de la administración pública, "sin importar que el profesional no sea de la Unidad Jurídica”, se lee en un comunicado.
Con ello, la Procuraduría busca conocer la cantidad y especialidad de los abogados; pero principalmente el motivo por el que dejaron sus cargos, cuando esto ocurra, pues según el procurador general, Héctor Arce, suelen darse conductas antiéticas.
"Vemos que una vez que dejan el cargo están como abogados de la misma empresa con la que el Estado sostenía un proceso. A veces son desvinculados por negligencia o con procesos de una institución y aparecen trabajando en otra. Queremos saber quiénes son buenos y quiénes malos”, explicó Arce. Para tener un mejor registro, ayer se firmó un convenio entre la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el intercambio de información en beneficio del software.
El Ministerio de Justicia aportará con los datos del Registro Público de la Abogacía que comenzó en 2009 para verificar si los juristas contratados figuran en esta base de datos.
El SEGIP y el TSE, este último con acceso a información del padrón electoral, permitirán la actualización permanente de la información de los abogados y la confirmación de sus datos.
El segundo sistema es el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE). En éste deben figurar todos los casos judiciales en los que el Estado sea demandante o demandando. El mismo -explicó Arce- no será sólo un "registro muerto”, sino que permitirá el seguimiento ya que la información debe actualizarse por lo menos cada seis meses.
"Cuando se adviertan casos de negligencia, corrupción o conflicto de intereses se hará una evaluación que puede terminar en recomendaciones o procesos. Además, la Procuraduría puede participar directamente del proceso a través de las unidades departamentales que tenemos junto a la unidad jurídica pertinente con la finalidad de llevar una efectiva defensa”, dijo el Procurador.
Ambos sistemas, a los cuales se accederá a través de internet, se establecieron en la Ley 768, promulgada en diciembre de 2015. Los mismos están en desarrollo, se prevé que los registros empiecen en seis meses y terminen un año después.
Iniciativas fallidas
Procesos Años atrás se implementó el Sistema de Registro de Procesos Judiciales y Administrativos (SSUJAP) que no era obligatorio, no figuraba en una ley ni tenía la tecnología con la que cuenta el ROPE.
Abogados En 2011, con la Ley 064, surgió el Consejo de Abogados del Estado, una entidad que tenía similares atribuciones que el actual RAE, pero que no dio los resultados esperados.
El Procurador propone fiscalizar a los particulares
El procurador general del Estado, Héctor Arce, propuso ayer la creación de un sistema para controlar a los abogados particulares que trabajan con el Estado.
"Los particulares que tienen contratos con el Estado tienen que también estar con un sistema de control y seguimiento. No es posible que empresarias y empresarios aparezcan millonarios de la noche a la mañana.
Debe haber un seguimiento fuerte, el control debe ser a los funcionarios públicos, pero el ser una persona particular no exime de responsabilidades civiles y penales”, manifestó ayer la autoridad.
Arce cuestionó que lo común en los servidores públicos sea la dejadez, que el temor al castigo sea el estímulo para cumplir con las obligaciones.
"Parece que todavía, en nuestro país al menos, en cuanto a los abogados y funcionarios públicos, la máxima es ‘cumple tu deber porque te estamos viendo, porque te estamos controlando, porque puedes ser responsable de tus actos’. No quisiéramos que sea así, quisiéramos que todos los funcionarios públicos cumplan su deber porque es su deber”, dijo el Procurador.
Durante su discurso, en el acto de firma de convenio con otras instituciones, aseguró que en caso de que los intereses del Estado sean afectados se aplicará todo el rigor de la ley. Por ello, advirtió que los particulares contratados deben ser estrictos al cumplir con los procedimientos y compromisos asumidos.
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