Estudian sanciones para abogados que incurren en delitos de “guante blanco”

Ante la preocupación de la creciente cifra de casos de retardación de justicia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), se reunió con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Gonzalo Hurtado, con quien se definió estudiar formas de sanciones a malos profesionales abogados que incurren en delitos de guante blanco, esto es el cobro exagerado de sus honorarios por alejar a un juez de algún caso, lo que provoca retardación de justicia.

“Muchas veces los abogados ponen obstáculos lo que dilata los procesos, se estudian formas para ellos que retiran a un jurado o juez que no le conviene para su causa, ellos ganan entre 200 a 500 dólares sólo por recusar a un juez que no le conviene”, señaló la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos APDH, Yolanda Herrera.

Cuestionó la ética profesional de la abogacía que entre ellos no trabajan por sancionar a malos juristas que hacen práctica desleal contra los clientes. Aspecto que se deriva en la labor de fiscales que incurren en lo mismo, hasta llegar a los jueces.

Aseveró que entre los varios factores para la retardación de justicia, está la sobrecarga de procesos a los juzgados que tienen años con procesos que no avanzan y se buscan con el tribunal supremo de justicia, alternativas de solución.

Otro acierto de las reuniones con autoridades judiciales, según Herrera, es el compromiso del Fiscal General de Estado Ramiro Guerrero, para incrementar el número de fiscales en los ministerios públicos del país, también por la sobrecarga de casos que existe en estas áreas.

“La carga de los fiscales es inhumana, casi 700 causas, imposible de poder llevar con objetividad los casos, se logró la incorporación de 223 fiscales más a nivel nacional para paliar la situación”, informó la presidenta.

A pesar de estos esfuerzos, Herrera reconoce que no es la solución y sugiere una cirugía mayor del sistema de administración de justicia para cambiar el esquema mental colonial de los actores de justicia.

“Los procedimientos y reglas están establecidas, sin embargo, la mentalidad de los actores es colonial, donde la ley se aplica para el pobre y se interpreta para el rico o privilegiado”, lamentó la representante de DDHH. El año 2012 la APDDHH revisó 223 casos de retardación de justicia.